La Jornada Ciudad de México. El gobierno federal evidenció que el actuar de jueces, magistrados y del ministro Luis María Aguilar Morales ha impedido el avance en juicios o procesos penales contra grandes contribuyentes que deben millonarias sumas a la Hacienda Pública por concepto de impuestos por alrededor de 80 mil millones de pesos.

En la mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, presentó tres casos donde las determinaciones de los togados han beneficiado a empresas y otros grandes contribuyentes para evitar que cumplan con sus obligaciones fiscales y pagar impuestos, con lo que se podría financiar obras públicas y ampliar programas sociales.

“Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo que equivale al presupuesto de Jóvenes Construyendo Futuro por tres años y medio o aumentar la pensión en 25 por ciento a todos los beneficiarios del programa de adultos mayores”.

Uno de los procesos, indicó el procurador, es el caso de “una empresa de gran tamaño”, de la que no dio nombre, con presencia nacional que fue fiscalizada en los ejercicios 2010, 2011 y 2013 con un adeudo de 25 mil millones de pesos, y a través del peso de esta firma, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ha sido omiso en resolver el asunto.

“Esta empresa abusando de su gran estructura corporativa ha operado diversas estrategias legales para imputar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”.

En este caso, agregó Medina, la Corte tiene un papel fundamental en las estrategias de la compañía, que ha solicitado de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos “con el pretexto que son novedosos y relevantes”, aun cuando de acuerdo al procurador ya existen jurisprudencias y antecedentes precedentes, que obligan a que el tema tenga que ser resuelto como lo han determinado ya tribunales colegiados por distribución de competencia por conforme a la Constitución.

Sin embargo, resaltó, los 25 mil millones de pesos de adeudo de esta empresa no han podido ser recuperados, por los diversos juicios interpuestos desde hace 13 años, retrasado los litigios.