Culiacán, Sinaloa.- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, señaló que los hechos de violencia contra la mujer ocurridos a lo largo de este 2020 demuestran que las instituciones responsables de garantizar el derecho a la vida no solamente no están cumpliendo, sino que no han corregido lo que impide que funcionen como las leyes lo mandan.

A través de un posicionamiento hecho a la opinión pública, señaló que como resultado de los diagnósticos del comportamiento delictivo que periódicamente se elabora en la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se puede exponer el tamaño del problema que tiene la violencia en Sinaloa y, en este caso, de la que las mujeres son víctimas:

1.    Violencia familiar. En el periodo enero-agosto 2020, este delito ha incrementado 17% en comparación con el mismo periodo del 2019. Tan solo el mes pasado, este delito tuvo la cifra mensual más alta de la que se tenga registro: 513 denuncias.

2.    Violación. En 2019 alcanzó la cifra más alta de la última década en Sinaloa y en 2020 el delito no se ha frenado. Con corte a agosto de 2020 tiene un aumento de 16%.

3.    Feminicidio. En cuanto a cifras, los asesinatos tipificados como feminicidio registran una disminución del 46% hasta el mes de agosto, con 16 casos asentados en los registros oficiales. Sin embargo, el total de mujeres asesinadas de enero a agosto, independientemente de su tipificación, es de al menos 26, según registros periodísticos.

«Quienes integramos la Coordinación General del CESP nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de estos delitos y demandamos a las autoridades que esclarezcan con prioridad los crueles hechos en los que han perdido la vida mujeres jóvenes, adultas mayores y hasta niñas».

Exigió que Sinaloa requiere con urgencia políticas públicas efectivas, eficaces y medibles en el combate a la violencia de género, pero también mayor presupuesto a las instituciones para mejorar la atención y prevención de estos delitos, con herramientas que hagan efectiva la garantía del derecho a la vida y a la justicia.

«También es imperante que las instituciones brinden periódicamente un informe público de acciones en materia de violencia contra la mujer, para que las y los sinaloenses conozcamos qué se está haciendo para combatir esta fuerte problemática».