Juan Manuel Pineda

“…Cumplir y hacer cumplir la ley” es la retórica protocolaria, parte del ritual cuando un servidor público –principalmente de alto nivel- asume una responsabilidad en los diferentes órdenes de gobierno.

Esa responsabilidad, en la práctica, no se cumple de manera generalizada.

Corrupción e impunidad, sumadas a la ausencia de valores éticos, convierten al servicio público en modus vivendi de maestros de la estafa.

Servidores públicos que hacen de su compromiso como tales, la forma ilícita de enriquecerse.

Nadie, absolutamente nadie, con claridad de los principios éticos es proclive a incurrir en ilegalidades.

La percepción social está a favor de la cruzada emprendida por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para desterrar la corrupción e impunidad en el servicio público.

No es tarea fácil, desde luego, pero tampoco imposible.

La vocación de servir a los demás amalgamada con principios éticos, deben constituir un sólido dique contra la corrupción e impunidad en todos los niveles del Estado.

Casos como el del Secretario de Administración y Finanzas del sexenio anterior, Armando Villarreal Ibarra, son una burla para el pueblo de Sinaloa que también anhela el fin de la corrupción e impunidad.

Según el Fiscal General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, Villarreal Ibarra, junto con dos ex colaboradores suyos en esa dependencia del gobierno estatal que encabezó Mario López Valdez, son presuntos responsables del desvío de 293.4 millones de pesos de recursos federales a gastos de la administración estatal en el último semestre del año 2016.

El pasado 16 de febrero, el Fiscal Ríos Estavillo declaró que “muy pronto, Armando Villarreal, estaría ante un juez”.

El ex secretario de finanzas en el gobierno de Mario López Valdez, había interpuesto un amparo el último día de enero de este año.

Sin embargo, 33 después de iniciado el procedimiento de amparo, Villarreal Ibarra obtuvo la suspensión definitiva de un juez federal contra la orden de aprehensión que consiguió la Fiscalía General del Estado.

La suspensión definitiva fue otorgada en el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Los Mochis, al norte de Sinaloa, en donde residen y tienen una poderosa influencia Villarreal Ibarra y el ex gobernador López Valdez.

¿Si la Auditoría Superior del Estado encontró las evidencias del millonario desvío por el que fue acusado penalmente en la Fiscalía General de Justicia, porqué el titular del Juzgado Quinto de Distrito concede la suspensión definitiva del procedimiento de amparo interpuesto por Villarreal Ibarra?

Pero no sólo el extitular de la secretaría de finanzas del gobierno anterior está involucrado en el desvío de 293.4 millones de pesos de recursos federales, sino también en otras irregularidades detectadas por la ASE y la ASF que están relacionadas directamente con su responsabilidad.

En el mes de agosto del 2018 se difundió el resultado de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública estatal del 2016, la cual arrojó que recursos federales destinados a los 18 municipios de Sinaloa por 1,879 millones de pesos, fueron presuntamente desviados por la Secretaría de Administración y Finanzas a cargo de Armando Villarreal Ibarra.

Además, exempleados del gobierno estatal están exigiendo los recursos aportados al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, donde no aparecen más de mil millones de pesos de cuotas retenidas a los trabajadores pero que no fueron entregadas al IPES.

El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, argumentó que es una deuda histórica con el IPES que se arrastra desde las dos administraciones anteriores.

Pese a estos irregulares manejos de los recursos públicos que han causado graves daños al erario, los responsables son protegidos por el Poder Judicial.