Juan Manuel Pineda

 Mientras mediáticamente se catapultan los intereses políticos del quehacer nacional, se mantiene soterrada la lucha que se libra en el ámbito legislativo por el control del agua en México.

En la víspera de la celebración del Día Mundial del Agua (22 marzo), al menos en el caso de Sinaloa es una fecha para la simulación social en la que incurren autoridades estatales, municipales y dirirectivosde las juntas de agua potable.

Esto ocurre (la simulación) porque no conviene a los intereses de la estructura oficial que el Día Mundial del Agua sea escenario y mucho menos argumento ante la advertencia pública sobre el grave riesgo que enfrenta el país con la iniciativa llamada “Ley Pichardo”, cuya autoría se atribuye al exdiputado federal Juan Ignacio Pichardo.

Los especialistas han referido que el contenido prácticamente es una copia de lo que se conoció como “Ley Korenfeld”, iniciativa presentada en 2015 por el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, destituido al ser exhibido públicamente usando un helicóptero de la dependencia para traslados de su familia.

En 2018, último año del sexenio que encabezó Enrique Peña Nieto, la iniciativa de Korenfeld fue retomada –con algunos matices- para reformar a la Ley General de Aguas, con la autoría del entonces diputado Federal Juan Ignacio Pichardo, priista y paisano del exPresidente de México Enrique Peña Nieto.

Los especialista en el tema han advertido que la llamada “Ley Pichardo” representa la “joya de la corona” de la reforma energética que con tanto interés impulsa el Presidente Peña Nieto, y que ahora pretende reformar el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay un punto coincidente: la urgencia de reformar el sistema de aguas, toda vez que hay sobrexplotación, contaminación y concentración.

Sin embargo, la iniciativa del exlegislador priistanceirr, de fondo,  el círculo de intereses en el marco de la reforma energética atropellando los más elementales derechos humanos de los mexicanos en relación al uso del agua.

Entre los riesgos que se advierten están en el modelo de concesiones.

Hasta el año pasado se otorgaban por 30 años -incluyendo prórrogas- y la facultad de transferirlas de un particular a otro, pero lo que se propone es que ahora ni siquiera tendrán la obligación de hacer trámites administrativos para refrendar sus títulos.

Otro grave riesgo es el modelo de trasvase, es decir, de obras hidráulicas para incrementar la disponibilidad de agua en un lugar determinado desde una cuenca vecina para usos diversos.

El riesgo no sólo es en función del impacto ambiental que se prevé, sino en la operatividad de la infraestructura porque el agua de esos trasvases será de unos cuantos mediante concesiones a perpetuidad, lo que representa privatización absoluta del vital líquido.

Otro de los graves riesgos, es la apertura al fracking para la explotación de hidrocarburos lo que provocará la contaminación de acuíferos, lo que significa cancelar el uso de esa agua para riego y consumo humano.

El agua en manos de unos cuantos, por ejemplo, abre las puertas a la venta de la misma a los usuarios de riego con el consecuente incremento de tarifas, entre otras medidas.

Los temas políticos, y en general los de la nueva administración del gobierno federal, se han convertido –directa o indirectamente- es una gran “cortina de humo” que mantiene a la opinión pública alejada de lo que se hace en el Poder Legislativo en cuanto a otros intereses torales para la sociedad mexicana, como es el caso del uso responsable del agua.

Como en todas las reformas estructurales impulsadas por el exPresidente Enrique Peña Nieto, en la legislación general de aguas está ausente el interés y participación ciudadana, en atropello a los más elementales derechos humanos.