(Por: Juan Manuel Pineda)  La “fuga” de cinco presos considerados como de alta peligrosidad, y la presunta “entrega” de ocho jóvenes a un comando de civiles armados, ambos hechos en Culiacán, Sinaloa, durante la segunda semana del mes de marzo del 2017,puso a la capital sinaloense en la opinión pública internacional.

Como suele suceder, acontecimientos de esta magnitud, generan hipótesis –oficiosas u oficiales-,  conjeturas, intentos de análisis empíricos y, desde luego, múltiples argumentos, rumores y los infaltables mitotes.

Tengamos claro, para empezar, que diversos acontecimientos del día a día tienen buen sustento explicativo en la sabiduría popular, expresada ésta en los dichos y refranes.

Para tratar de encontrar una luz que nos de claridad en la “fuga” de esos cinco reos de alta peligrosidad del penal de Culiacán, así como en el caso de los ocho jóvenes detenidos por la policía municipal en la colonia CNOP, al oriente de la capital sinaloense, y que, en el acto, fueron presuntamente “entregados” a un comando de civiles armados con rifles de alto poder, hay que precisar que, entre las versiones oficiales y no oficiales, “todo es según el color del cristal con que se mira”.

Tanto en la “fuga” del penal de Culiacán, como en la “entrega” de los jóvenes detenidos en la colonia CNOP, el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y todos los funcionarios de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, saben –imposible que no estén al tanto- que estos hechos no pueden darse sin la convergencia de dos factores indivisibles históricamente: corrupción e impunidad.

Entonces: “¿para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo?”

Qué curioso, pero en relación a las fugas del “Chapo” Guzmán, el capo de capos, al más buscado nacional e internacionalmente, considerado como el narcotraficante más peligroso del mundo, las autoridades dieron a conocer de manera amplia, detallada, y hasta con inexplicable generosidad, cómo realizó los escapes de las prisiones de mayor seguridad de México.

Sin embargo, aquí, en el caso de la “fuga” de cinco reos –de más bajo perfil, por supuesto, que el “Chapo” Guzmán- del penal de Culiacán que no tiene comparación con los niveles de seguridad de donde se fugó el capo de capos, sospechosamente las autoridades se negaron a dar información de cómo ocurrió el “escape”, argumentado que no se pueden dar detalles porque “son parte de la investigación”.

Es decir, “quieren tapar el sol con un dedo”. Sin embargo, no hay más que de “dos sopas”, como se dice coloquialmente:

1.- Tratan de no exhibir la cadena de corrupción e impunidad en la estructura gubernamental que indudablemente posibilitó la “fuga”.

2.- Están buscando cómo “cuadrar” una versión del hecho que sea más o menos creíble, para que la cloaca les salpique lo menos posible.

Del cómo se “fugaron”, en la opinión pública surgió -inmediatamente ligada- otra interrogante: ¿por qué estos cinco reos considerados de alta peligrosidad, permanecieron recluidos en un penal que no está a la altura de los de máxima seguridad?

La postura de las autoridades estatales fue culpar al Poder Judicial porque les concedió un amparo para que no fueran trasladados a un penal de máxima seguridad, sin embargo, el revés del Consejo de la Judicatura Federal no sólo fue demoledor, sino que exhibe la “torpeza”en materia jurídica de las autoridades estatales.

En un comunicado emitido el viernes 17 de marzo, el Consejo de la Judicatura explicó:…la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establecen que “contra el acto reclamado consistente en una orden de autoridad administrativa de trasladar a un interno de un centro penitenciario a otro, procederá en todos los casos la concesión de la suspensión de oficio y de plano, por lo que el juez de Distrito que conoció de la demanda de amparo, estaba obligado a conceder dicha medida cautelar”.

Para tratar de precisar, remitámonos a aquello de que “quien hace la ley, hace la trampa (¿o la transa?), y en el caso de los “fugados” habían permanecido en el penal de Culiacán por la simple y sencilla razón de que, según explica el Consejo de la Judicatura Federal, “se atribuyó que la orden de traslado reclamada en el amparo provenía de autoridades administrativas y no de un juez federal, lo que permitió considerarla como un acto fuera de procedimiento que afecta la libertad personal”. ¿Así, o más clarito?.

¿Quién o quienes, prepararon el terreno para que los “fugados” permanecieran en el penal de Culiacán y no en uno de máxima seguridad, y que con ello tuvieran el tiempo mínimo necesario para “huir”?

En lo que se refiere a los ocho detenidos en la colonia CNOP de Culiacán, lo primero que se hizo fue criminalizar la acción de los cuatro policías municipales que participaron, por presuntamente “entregarlos” a un grupo de entre quince y veinte civiles armados con rifles de alto poder.

La orientación de la información, es decir de “la entrega”, se generó a raíz del video grabado y difundido inmediatamente por las redes sociales.

Sin embargo, la revisión del video deja claro cómo llega el grupo civiles armados, casi al mismo tiempo de la detención, y suben a los jóvenes a lujosas camionetas en tanto los policías se retiran del lugar.

En primera instancia, el Secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Víctor Hugo Sánchez,un ex teniente del Ejército con estudios de administración militar, declaró que los policías no siguieron los protocolos.

¿Pedir apoyo y enfrentar al comando armado? ¿Se imagina: cuatro agentes con pistola, contra un comando de casi veinte civiles con armas de alto poder? ¿Y el alto riesgo para decenas de personas que observaban los hechos?

Pasadas las horas, el flamante Fiscal General de Justicia, Juan José Ríos Estavillo, salió a declarar que una línea de investigación es tratar de esclarecer si se trató de una “entrega” o de una “operación rescate”.Así que, no hay de otra: “al buen entendedor, pocas palabras”.