(Por: Juan Manuel Pineda) Cuando se hace referencia al término «gatopardismo»  (derivado del título de la novela Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa/1896-1957), se usa en relación a la actitud de “cambiar todo para que nada cambie”.

Se trata de un aparente contrasentido, sin embargo no es tal sobre todo en lo que llaman la ciencia política.

En su discurso, al asumir el cargo de Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dijo: “Sinaloa nos dio un mensaje muy claro en las urnas: la ciudadanía quiere un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia participación ciudadana”.

En esa ocasión, planteó uno de sus principales ejes de gobierno: “Necesitamos una institución de procuración de justicia que recupere la confianza y la credibilidad en la ciudadanía. Una institución que sea altamente profesional y especializada. Para ello, el próximo lunes presentaré a este Honorable Congreso la iniciativa para crear la Fiscalía General del Estado con autonomía constitucional, desligada de cualquier interés político”.

En unos cuantos días, es evidente el gatopardismo en las decisiones gubernamentales.

“Crear” la Fiscalía General del Estado para sustituir a la Procuraduría General de Justicia del Estado, obedece simplemente a la homologación con la reforma política-electoral que implicó modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre éstas la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, según se publicóel 10 de octubre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Efectivamente, el Gobernador Ordaz Coppel envió dicha iniciativa al Congreso de Sinaloa, pero la propuesta para designar al Fiscal General del Estado fue con base en el mismo procedimiento que sus antecesores utilizaron para el nombramiento del Procurador General de Justicia del Estado, es decir, con la ausencia absoluta de elementos que le permitieran cumplir con el compromiso de crear una instancia “con autonomía constitucional, desligada de cualquier interés político”, tal como se comprometió en su discurso de toma de posesión.

Ordaz Coppel planteó integrar una terna de aspirantes y con el aval del Congreso del Estado, de absoluta mayoría de diputados de su partido, el PRI, designar al titular de la Fiscalía General del Estado.

Ante tal incongruencia, el grupo legislativo del Partido Sinaloense contrapropuso que el nombramiento del fiscal se abriera a la sociedad y que de  entre propuestas ciudadanas se eligiera al aspirante más idóneo para ocupar tal responsabilidad.

En ese sentido, en el de la ciudadanización del nombramiento, se pronunciaron representantes de diversos sectores de la sociedad y ante la presión para que se generaran condiciones de otorgarle  una real autonomía a la fiscalía y su titular, entró en juego el gatopardismo.

La mayoría priista en el Congreso de Sinaloa impulsó una modificación a la iniciativa del Gobernador Ordaz Coppel, simulando su independencia del mandato gubernamental y que, también en la práctica, quedara la percepciónde que realmente existe una división de Poderes.

Sin embargo, lo que aplicaron fue aquello de “cambiar todo para que nada cambie”, y acallaron la presión social maquillando la designación del Fiscal General del Estado al dejar en manos de los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad  Pública el procedimiento para su nombramiento, argumentando que dicho organismo tiene la representatividad de los ciudadanos.

Sin embargo, todo es muy burdo: el Consejo Estatal de Seguridad Pública, según la Ley de Seguridad Pública (Capítulo III, Artículo 57), está presidido por el gobernador, y sus demás integrantes son: el secretario general de gobierno, el secretario de seguridad pública, el procurador general de justicia del estado, el presidente de la comisión de seguridad pública del Congreso del Estado, los presidentes municipales, un representante de la Secretaría de Gobernación, los comandantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina con representación en el estado, un representante de la Secretaría de Seguridad pública federal, el delegado de la Procuraduría General de la República en el estado, la coordinación general integrada por nueve representantes de la sociedad civil o comunidad, dentro de los que uno será el coordinador general, el presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Estatal; y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad.

Es decir, el proceso de designación del fiscal quedó en manos de funcionarios de diversas dependencias gubernamentales, y por si eso fuera poco el responsable del proceso, Ambrosio Monjardín,  no tenía representatividad  toda vez que desde diciembre del 2016 dejó de ser el Coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Así, por la naturaleza de su designación, el Fiscal General del Estado será un funcionario sin la necesaria autonomía al igual que los demás que le acompañarán en tal responsabilidad.