Jorge Meléndez Preciado

El señor Donald Trump continúa sumando enemigos.

Hace días cesó a la Procuradora General, Sally Taes, quien seguía en el cargo ya que no se había aprobado   la propuesta trumpiana, del racista Jeff Sessions. Despidió a la funcionaria porque ella no estuvo de acuerdo en poner en ejecución la orden de impedir la llegada a Estados Unidos  de musulmanes  de siete países (La Jornada, 31 de enero).

Antes, la juez, Ann Donell, limitó las medidas xenófobas de Donald (El País,  30 de enero).

En la tarde del  martes 31 de enero, se supo que los representantes demócratas boicotearon a los nominados por  Donald a las secretarías de Salud (Tom Price) y el Tesoro (Steven Mnuchin).

Conocíamos  por la sagaz reportera: Marcela Turati (Proceso, número 2100), que en Somerville, Massachusetts, el alcalde Jospeh Curtatone, insistió que esa seguiría como una ciudad santuario; o sea, que no deportaría sino protegería a los migrantes de todo tipo.

En igual situación están 360 municipios y 36 comunidades, de Los Ángeles a Detroit. Y no se diga el combativo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien irá a la Corte Suprema parar rescatar los ocho mil 800 millones de dólares que recibe anualmente de participaciones federales. Y en ese tenor se encuentran varias universidades de gran prestigio e iglesias diversas.

La prensa estadounidense, incluso, ha elogiado las acciones de Enrique Peña Nieto, no obstante que este, como sabemos, ha respondido tarde y a la defensiva ante el también llamado “hombre anaranjado”.

Así pues, del otro lado del Río Bravo hay muchos combatientes por nuestros derechos. Incluso en Europa hubo protestas   contra el Muro, las deportaciones y el querer gravar el comercio con alzas excesivas.

La nota discordante fuedel primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien celebró la valla Estados Unidos- México, aunque después señaló que no era así, sino producto de una tergiversación de la “prensa bolchevique” (sic que recuerda la cortina de hierro ya fenecida). Aunque, por fortuna, la directiva de la Tribuna Israelita dijo: ante la actual situación “los derechos humanos” (de los mexicanos) “tienen que ser respetados en todo momento” y esos ciudadanos “deben recibir un trato digno”.

Frente a dicho panorama, el gobierno peñista no sabe qué hacer. Continúa lanzando  discursos de malísima factura, como el de Idelfonso Guajardo ante los priistas encabezados por Emilio Gamboa- quien nunca ha criticado nada del gobierno-, en donde se habla de que México se durmió en sus laureles en el TLCAN,  y que actualmente se deben incorporar nuevos  productos al comercio, entre otros la electrónica, la energía y las telecomunicaciones. No se dijo nada acerca de la fuerza de trabajo, o sea, los migrantes a quienes, como señala bien Armando Vázquez, del Centro de Estudios California- México, se les ha ignorado siempre por parte de los gobernantes pripanistas (Proceso, número 2100).

Se insiste por el  actual gobierno en  llamados a la Unidad para su causa, aunque los disparates verbales  continúan sin freno. No hay combate a la impunidad, ni a la inseguridad, ni a la corrupción, ni mucho menos a la pobreza. Por lo que no puede haber apoyo de la sociedad a unos funcionarios  que continúan derrochando y posibilitando que los rateros sigan adelante.

El presupuesto programado  en 2016, supimos,  fue mayor en 579 mil millones de pesos. Y la Secretaría de Hacienda lo justificó (sic acostumbrado a lo insólito).

El señor Rodrigo Medina, acusado de varios delitos en Nuevo León, estuvo únicamente 24 horas en la cárcel porque sus abogados impusieron amparos “muy eficaces” (sic que suena a caja registradora).

Leonel Bustos, funcionario en la administración de Javier Duarte (Veracruz),  quien desvió dos mil 300 millones de pesos, estuvo sólo unas horas encarcelado y le ofrecieron disculpas.

México cayó del lugar 95 al 123 en corrupción mundial y es el último en la lista de la OCDE.

Virgilio Andrade, el cual  no encontró ningún ilícito en la Casa Blanca de Peña Nieto, acaba de ser nombrado director del Bansefi.

Tiene razón el Rector de la UNAM, Enrique Graue, únicamente se puede lograr la unidad nacional reduciendo la pobreza y la desigualdad, y respetando los derechos humanos.