De recurrente uso en el discurso de campaña, objeto de programas que sólo engordan a la burocracia y elemento de los partidos políticos que apuestan al bono juvenil para allegarse votos en procesos electorales, como ocurrió en el caso de Vicente Fox, cuyo triunfo se atribuye al sufragio de los jóvenes que se volcaron en las urnas y, desde aquel sexenio del folclore mexicano, no resolvieron sus problemas de empleo y oportunidades hasta convertirse, hoy, en una suerte de adultos que fueron engañados.

Hoy las calles suelen llenarse de manifestantes de diversa ideología y contrastante demanda entre buenos y malos, ricos y pobres, pirrurris como les llama Andrés Manuel López Obrador y los normalistas y universitarios y politécnicos que exigen espacios de trabajo, unos como una especie de normatividad revolucionaria y, otros, en la garantía de tareas remuneradas en el tamaño de sus conocimientos y aportaciones al desarrollo del país.

Por ello, es evidente que los programas encaminados a dar oportunidades a la juventud mexicana, de todos los estratos sociales, han fracasado porque sólo un mínimo porcentaje de éstos ha logrado escalar en diversas especialidades, incluso en la política que ha demostrado ser una caja de sorpresas porque algunos de estos jóvenes gobernadores resultaron verdaderos pillos. En fin.

Esta situación que enfrenta la juventud mexicana la abordó el diputado federal perredista Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez.

El legislador dijo que es urgente colocar como prioridad la perspectiva de desarrollo y garantizar los derechos plenos de la juventud mexicana ante la incapacidad de atender a este sector que representa al 30 por ciento de la población.

“Nuestro país –dijo Hernández Soriano– ha sido incapaz de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de política pública necesarias para garantizar el ejercicio y goce efectivo de sus derechos humanos, sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales que aseguren su bienestar y formación integral, en condiciones de igualdad y seguridad”.

Por eso, convocó a todos los sectores a enriquecer la iniciativa que permita al país contar con la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes.

¿Cuál es el riesgo? Dilapidar el bono de la juventud si se ignoran los esfuerzos para garantizar a este sector mejores perspectivas de desarrollo y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Hoy, sostuvo el diputado federal, “ser joven en México es sinónimo de pertenecer a un sector socialmente invisibilizado, políticamente ignorado, reprimido o criminalizado; económicamente relegado; y, normativamente, olvidado”.

Y dio cifras respecto de la situación de los jóvenes mexicanos: 51 por ciento sufre algún grado de pobreza; 52 por ciento tiene nivel de escolaridad de secundaria o menor; más de 25 por ciento vive en hogares que presentan algún grado de inseguridad alimentaria. Incluso el Programa de la ONU para el Desarrollo reveló que en México más de 11 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad enfrentan violencia e integración en pandillas.

Ese informe advierte que 37 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia en planteles educativos; 21 por ciento de estudiantes aceptó haber ingresado a algún tipo de arma; 53 por ciento admitió pertenecer a pandillas en calles o colegios.

Y la tasa de mortalidad a partir de 2008 aumentó hasta llegar a 4 muertes por cada 100 mil habitantes en 2012, la más alta en la última década; respecto de los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad aumentó el suicidio con una tasa que casi se triplica en los últimos cinco años pasando de 5.3 por cada 100 mil habitantes en 2007 a 16.3 en 2012.

Y, bueno, en materia de oportunidades, de quienes reportaron tener una ocupación sólo 61.7 por ciento desarrollaba una actividad dentro del sector formal; 67 por cierto no recibe remuneración o recibe hasta dos salarios mínimos y sólo 23 por ciento de los 14.3 millones de jóvenes que declaró tener empleo tiene derecho a solicitar un crédito para vivienda,

Un dato más: al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Social informó que 36 por ciento de los delitos reportados en México son cometidos por jóvenes de entre 12 y 25 años de edad, escenario que debe cambiarse a base de mayor atención y opciones reales para su desarrollo. Más de lo mismo, siempre lo mismo. Dilapidar el bono joven como se dilapida el democrático y la esperanza de quienes creen que aún es tiempo. ¿Jóvenes el futuro de México? Conste.

MIÉRCOLES. Aquella noche del sábado 27 de mayo del año 2000, a la casa de campaña de Francisco Labastida Ochoa, en la colonia Roma, cerca de la estación Sevilla, del Metro, llegaron eufóricos Guillermo Ruiz de Teresa y Emilio Gamboa Patrón, integrantes del equipo del sinaloense, candidato del PRI a la Presidencia de la República que acababa de enfrentarse en el segundo debate público con sus contrincantes Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas. Ya no habían sido convocados, como en el primero, Porfirio Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo y Manuel Camacho Solís.

“¡Ganó Labastida! ¡Ganó Labastida!”, gritaban Guillermo y Emilio. Pero en la elección de agosto la realidad acabó con sus sueños de poder. Bueno, sus relaciones y estrella política los llevaron al Congreso de la Unión.  Hoy, Guillermo Ruiz de Teresa y Emilio Gamboa Patrón se encuentran frente a una sociedad que está harta de estos políticos que en público tienen un discurso rollero y de supuesta honestidad y ética personal, pero en privado negocian y pactan alianzas con empresarios que enhiestan la bandera de la pulcritud y el negocio legal, cuando es evidente el tráfico de influencias y las licitaciones a modo.

Hace 16 años no existía este mundo real de las redes sociales. Nada de Facebook y el Twitter que en un tris evidencian, desnudan actos de corrupción y soberbia y el valemadrismo de los políticos que se han enriquecido mediante los negocios poco claros, esos que transitan por la opacidad y que dejan pingües ganancias a las partes interesadas.

Gracias a las redes sociales, hoy el senador Gamboa tuvo que incurrir en un acto de contrición en el pretendido deslinde de un desplante en contra de la legalidad, que sólo el poder político y económico puede hacer. ¿Tiene disculpa el senador? Saque usted conclusiones del siempre escurridizo Emilio. Ahí le va la disculpa de este personaje cuyas amistades están en todo tipo de empresas y acuerdos políticos. A saber.

“FUE UN ERROR QUE EL HELICÓPTERO NOS HAYA BAJADO AHÍ Y LAMENTO QUE ESTO HAYA SUCEDIDO: EMILIO GAMBO PATRÓN.

“Atendiendo la invitación de mi amigo Emilio Díaz Castellanos, para pasar el fin de semana en la Isla Alacranes, abordamos el pasado viernes en la tarde un helicóptero que él rentó para trasladarnos a ese lugar, y cuando aterrizamos, me subí al barco de Emilio Díaz Castellanos.

“Me enteré que el viento provocado por el helicóptero causó molestia a embarcaciones y daños a un dingui, y sé que ya fue reparado.

“Fue un error que el helicóptero nos haya bajado ahí y lamento que esto haya sucedido.

“Estoy enterado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza ya trabajos de investigación, para deslindar responsabilidades

“Estaremos atentos a los resultados de las investigaciones correspondientes que realizan las autoridades competentes”.

¡Pinche helicóptero! ¿Quién le dijo que podía aterrizar en esa zona prohibida? ¿Y el discreto yaté, papá? ¡Pobre Emilio! ¡Pobre Guillermo! Y todo por tener amigotes multimillonarios. Digo.