La Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) dijo que en Tanhuato, Michoacán, hubo cuando menos 22 asesinatos de la Policía Federal, en una acción donde murieron 44 personas, la mayoría civiles y un uniformado. No pudo documentar otras cuestiones porque los informes oficiales no posibilitaban que hubiera certeza al respecto.

También supimos que en Nochixtlán, Oaxaca, los policías dispararon contra la población. Al cuestionar el senador Fidel Demédicis, del PRD, cuáles eran los calibres de las balas y otras cuestiones, los senadores del PRI y PAN no quisieron seguir con la indagatoria porque, aparentemente, se violaban las identidades y derechos de los policías, que son, claramente, servidores públicos.

Dos casos, entre otros muchos, en los cuales los protocolos de derechos humanos se han violado por parte de las autoridades. Ya no hablemos de Tlatlaya y otros episodios, donde la autoridad, que debe guardar el orden, la viola.

Tiene razón el maestro Emilio Álvarez Icaza, que acaba de dejar la secretaría general de la CIDH, para regresar a México, la transición democrática está detenida y hay mayores ataques a los derechos humanos (El País, 18 de agosto).

En tanto, sabemos que hay un nueva pugna entre los cárteles de la droga, ya que en Puerto Vallarta, Jalisco, secuestraron a un hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sin que ninguna autoridad interviniera en lo más mínimo, lo que ha llevado a preguntar a Carlos Puig (Milenio, 18 de agosto), si existe un estado de derecho en nuestro país.

Aparte de los problemas educativos, políticos, económicos y sociales, ahora tenemos otros que hacen convertir un tornado en huracán en nuestro lastimado país.

Enrique Peña Nieto, sin embargo, dice: jalemos parejo para que el 22

de agosto todos vayan a clases. Lo que muestra su inoperancia en una nación convulsionada.