Es una aberración querer disminuir la pobreza por decreto
En dicha nota informativa, el INEGI justifica técnicamente este salto abrupto (maravilloso si fuera cierto) en el ingreso de los pobres con el siguiente argumento: “En todo el mundo, medir los ingresos es una tarea compleja y conlleva, en la mayoría de los países donde se realizan encuestas en hogares, diversas dificultades. Destaca la subestimación de los ingresos, pues los informantes tienden a declarar menos de lo que realmente perciben. En este contexto, y como parte de un proceso de mejora continua, durante el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, el INEGI aplicó el año pasado criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor. El MCS 2015 mantiene el diseño conceptual y estadístico de los anteriores. Sin embargo, las acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo hacen que el Módulo de este año no sea comparable con los ejercicios estadísticos previos.”
Como se lee, si bien el INEGI afirma que en esta última medición se mantuvo el diseño conceptual (los cuatro cuestionarios utilizados en las entrevistas) y el diseño estadístico (el tipo de muestra para la encuesta en 64 mil viviendas), justifica que el cambio en los resultados se debió sólo a la aplicación de “criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor”, lo cual es discutible y sumamente cuestionable, pero lo que vino a causar el revuelo mayor fue la parte final del comunicado, donde establece que los resultados no son comparables con ejercicios estadísticos anteriores.
Este señalamiento es un despropósito absoluto. Pues la función del INEGI es proveer datos duros para el análisis, precisamente, de la evolución del comportamiento económico y social del país, y cualquier modificación en sus instrumentos de medición es un asunto de interés público, donde no es exagerado decir que se debe incluso involucrar al poder legislativo, círculos de deliberación académica e instituciones especializadas.
El mismo 15 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) respondió, a través de un comunicado de prensa, lo obvio u obligado: el “incremento real del 33.6% del ingreso en los hogares más pobres en un solo año, no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del INEGI y con otras variables económicas. Cualquier modificación para captar adecuadamente las variables económicas y sociales debe ser realizada con transparencia y planeación, permitiendo generar certidumbre a los usuarios. Ese no fue el proceso que siguió el INEGI en esta ocasión. Dichos cambios carecen de documentos públicos de carácter técnico que los justifiquen, y no fueron debatidos técnicamente con CONEVAL ni anunciados de manera oportuna, por lo que el proceso de captación del ingreso que elaboró el INEGI no fue transparente”.
El mismo presidente de la Junta de gobierno del INEGI, Julio Alfonso Santaella Castell, en una entrevista periodística (El Economista, 17/Jul/2016) trató de justificar y explicar los llamados por él como nuevos criterios de “captación y verificación de la información” en el levantamiento de campo de la encuesta: “Por ejemplo, cuando revisábamos cierta información que nos parecía sospechosa (sic), volvíamos (a la vivienda) a ratificar la información que habíamos levantado, lo cual mejora la calidad de la información. Hay nuevos controles que no estaban presentes en los años anteriores, por lo que el proceso de levantamiento es diferente”.
Uno no quiere pensar mal, pero hacer cambios a la metodología de campo sin avisar al CONEVAL con quien se tiene un acuerdo oficial de colaboración es una enorme irresponsabilidad y se presta a dudas. Además, en este ejercicio el CONEVAL resulta ser el patrón, pues “contrató” y le pagó más de 150 millones de pesos al INEGI para realizar este trabajo, por indicación y acuerdo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
La afirmación de que dichos cambios en la metodología consisten en regresar nuevamente a las viviendas donde las respuesta obtenidas no les gustaron o no fueron satisfactorias -“información sospechosa le llaman-, me recuerda a las encuestadoras electorales que utilizan cuestionarios con preguntas a modo y que cuando la preferencia política del encuestado no es afín al partido que los contrata, le insisten, le repreguntan, incluso lo inducen o de plano como último recurso lo mandan al fondo del apartado “no respuesta”.
Espero sinceramente y por salud pública, que el descrédito de la demoscopia electoral no contamine los instrumentos de medición de una institución que hasta ahora venía siendo una fuente seria de información oficial; por lo pronto la publicación de las cifras oficiales de pobreza 2015 programada para este viernes 29 de julio, se pospuso debido a “que no hay condiciones actuales de comparabilidad de ese índice con años anteriores”, pasándose a integrar un grupo técnico de ambas instituciones que va a “procurar” que dicha comparabilidad sea técnicamente posible. Así se expone en el comunicado conjunto CONEVAL-INEGI dado a conocer el martes 26 de julio.
Fueron en total 154 millones de pesos los que se destinaron para ese ejercicio de medición de la pobreza en 2015, que literalmente serán tirados a la basura. Además son la base estadística para el reparto del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), cerca de 70 mil millones de pesos que tendrán que ser asignados ahora subjetivamente y no a partir de datos confiables.
Pero de entre todos, el financiero podría ser el mal menor. Realmente era un verdadero absurdo creer que en México hubo una reducción de casi 11 millones de pobres de un año a otro, cuando la realidad en la calle es de desempleo, bajos salarios y escaso acceso a muchos bienes de consumo.
Resultaría poco ético, deshonesto e inaceptable la posibilidad de que se estén buscando mediciones a modo para “obtener” resultados favorables ante la ineficacia de la política social del gobierno federal. Y tiene razón el CONEVAL al denunciar oportunamente la inadecuada acción unilateral del INEGI y exigir que “cualquier modificación para captar las variables económicas y sociales debe ser realizada con transparencia y planeación”.
Los ciudadanos exigen y merecen que todas las instituciones del Estado se coordinen y trabajen con más honestidad y transparencia, que cumplan con sus fines con objetividad, eficiencia y oportunidad, ojalá y esto sea un hecho aislado y no se convierta en una forma de gobernar, ya que plantear falsos escenarios económicos generaría más desconfianza y malestar social, algo que difícilmente se podría ocultar, ya que más allá de los números el sentir de la población se canaliza por diversas vías, la manifestación pública es una de ellas, pero también la apatía ciudadana, la violencia y otras graves y latentes formas de protesta social.
Gracias y que pasen un excelente fin de semana.
