La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un derecho de los ciudadanos “Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”. Uno de los requisitos es que este tipo de iniciativas se avalen con firmas de ciudadanos cuando menos en una cantidad equivalente al 0.13 % del listado nominal.

En septiembre de 2014, los sinaloenses recabamos 227,130 firmas para presentar ante el Senado una iniciativa ciudadana que reformara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular la Segunda Vuelta Electoral y la Revocación del Mandato. De acuerdo al listado nominal de septiembre de ese año, tan solo se requerían 105,159 firmas.

¿Cuál es la importancia de esta iniciativa? Instrumentar la Segunda Vuelta Electoral cuando ninguno de los candidatos haya alcanzado la mayoría absoluta, que consiste en que las autoridades electorales implementen una segunda vuelta electoral en donde participen solamente los dos candidatos que alcanzaron la mayor cantidad de votos, y a partir de ello el ganador sea legitimado con el apoyo de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Lo anterior, sin duda alguna, legitimaría a nuestros gobernantes.

El otro elemento importante de la iniciativa es que la ley permita regular la Revocación de Mandato a través de una forma de consulta popular mediante la cual la mayoría absoluta de los ciudadanos, en ejercicio pleno de sus derechos, pueda impugnar el nombramiento de autoridades elegidas en los procesos electorales federales, o bien, la designación hecha por los poderes Ejecutivo y Judicial. En otras palabras, si el pueblo pone a los gobernantes, que el pueblo también los pueda quitar cuando considere que no están cumpliendo con sus responsabilidades.

La revocación del mandato, según la propuesta, procederá principalmente para el presidente de la República, senadores, diputados federales y funcionarios designados por los poderes Ejecutivo o Judicial, así como también para gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, entre otros.

El 25 de septiembre del 2014 asistimos al Senado de la República a entregar la iniciativa en mención mediante un escrito formal dirigido al senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, acompañado de la iniciativa y nueve cajas contenedoras de 227,130 firmas de ciudadanos. Por indicación del propio senador, nos recibió el Lic. Enrique de Icaza Pro, director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República.

Casi de manera inmediata las firmas fueron turnadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para que fueran validadas y se asegurara que se cumplía con la cantidad mínima requerida. En noviembre del 2014, el INE informa al Senado que no había problema alguno, tanto en la veracidad de las firmas como en la cantidad necesaria para darle curso a la iniciativa.

Así, seis meses después, el 18 de marzo de 2015, fuimos citados al Senado para exponer y explicar la iniciativa presentada. Asistimos la diputada Rosario Sánchez Zatarain, el diputado Robespierre Lizárraga Otero y un servidor, en calidad de representantes de los 227,130 sinaloenses que firmaron avalando la propuesta, y en esa ocasión fuimos atendidos por los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

En la exposición fuimos claros y precisos con respecto a los objetivos y alcances de la iniciativa presentada, haciendo hincapié en que, de aprobarse las reformas propuestas, en México se viviría una nueva época que permitiría abatir sustancialmente la ineficacia, la corrupción y la simulación de muchos de los gobernantes que llegan al poder solo para aprovecharse de manera personal y en beneficio de los grupos políticos que los impulsaron para llegar a esos cargos. No obstante, desde el 18 de marzo del 2015 no hemos recibido ninguna información de parte del Senado, es decir, la iniciativa entró a la “congeladora”.

Cabe mencionar ahora que recientemente, el 17 de marzo del año en curso, se presentó una segunda iniciativa ciudadana: la “Ley 3de3”, que propone la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal a todo funcionario, de forma periódica y pública. Con una ley de esta naturaleza se busca que existan los mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.

Lo sorprendente es que esta iniciativa ya fue analizada y discutida y este 15 de junio fue aprobada por la Cámara de Senadores, aunque actualmente está vetada por el presidente de la República, principalmente por reclamo de los empresarios de nuestro país, dado que la ley aprobada contempla que también ellos deben publicar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

Hay que decir que en el marco del último proceso electoral, y con un afán meramente mediático, algunos candidatos publicaron sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, es decir, precisamente lo que propone la Ley de 3de3, pero lo increíble es que a pesar de que es del conocimiento público que se trata de personas muy solventes económicamente y que cuentan con diversas propiedades, lo que hicieron público no se corresponde con la realidad, al extremo de que ni tan siquiera tienen una casa propia. Es decir, dichas declaraciones son un vil engaño.

Por estas consideraciones, este martes 28 denuncié ante los medios de comunicación a nivel nacional la falta de respeto que los senadores han tenido para con los sinaloenses, y los emplacé a que legislen, ya sea aprobando o rechazando la iniciativa de Revocación de Mandato y Segunda Vuelta Electoral. Señores senadores: los sinaloenses esperamos su opinión.
Gracias, y que pasen un excelente fin de semana.