El financiamiento a los partidos políticos y sus campañas electorales es una necesidad de las democracias modernas, pero también representa un exceso de apoyo de parte del gobierno con dinero que proviene de nuestros impuestos, lo cual abre la puerta  para la corrupción.

Como integrante de la LXI Legislatura del Estado de Sinaloa, reiteré este martes 18 que es ilegal lo aprobado por los diputados en relación al  financiamiento público que se les dará a los partidos políticos con el presupuesto local, para gastos de sus actividades ordinarias. Esta actuación del Congreso, viola el artículo 41 fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –CPEUM-, que a la letra establece:

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el SESENTA Y CINCO POR CIENTO DEL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL TREINTA POR CIENTO de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y EL SETENTA POR CIENTO restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Esto es lo que señala nuestra Carta Magna, y es nuestra base para estar en desacuerdo con el artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa aprobada por los diputados sinaloenses, precisamente donde se instituye la forma en que se estimará el financiamiento público de los partidos políticos, que señala:

El Consejo General, determinará anualmente el monto total que se distribuirá entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, a la fecha de corte del último día del mes de julio de cada año, por el SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE PARA EL ESTADO DE SINALOA;

El resultado de la operación señalada en el numeral anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la siguiente forma: UN VEINTE POR CIENTO se dividirá por igual entre todos los partidos políticos, EL OCHENTA POR CIENTO RESTANTE se dividirá conforme a la votación obtenida por cada partido político en la última elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional.

Nuestro principio es básico y se basa en la jerarquía de las leyes, y parte de que una ley local no puede estar por encima o ser contraria a lo que establece la  Constitución ni de las Leyes Generales cuando estas no deleguen o permitan acción alguna a las entidades federativas y sean de exclusividad del legislador ordinario (Congreso de la Unión).

Esa diferencia del 65 % que marca la CPEUM y el 75 % aprobado por el Congreso Local, se traduce en alrededor de 75 millones de pesos más, lo cual rechazamos rotundamente, dado que significa un gasto de aquellos políticos que no miran las más imperiosas necesidades de un pueblo amolado. Por eso lo combatimos con UNA ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD interpuesta este 13 de agosto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta acción legal es sensible a la realidad social que enfrentamos y por la convicción que tenemos de respeto al estado de derecho, una acción de inconstitucionalidad sobre la Reforma Electoral aprobada por los legisladores sinaloenses. Esta controversia constitucional es en contra de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su artículo 65.

Es una pena que tenga que judicializarse los temas debido a acciones de esta naturaleza. Que en un sistema de representación indirecta de las personas, sus legisladores no atendamos el sentir del pueblo y las necesidades de tener un gasto estructurado.

Como legisladores debemos escuchar a nuestros representados; en las elecciones del pasado 7 de junio los sinaloenses enviaron un mensaje a través de su renuncia a ir a votar, con lo que nuestro estado se ubicó en la quinta posición a nivel nacional en abstencionismo, con el 61.67%. La ciudadanía no está conforme con la labor que están realizando casi todos los partidos políticos.

En las pasadas elecciones federales, la sociedad sinaloense y sus electores le mandaron un mensaje claro y contundente a los partidos nacionales: Abstencionismo y preferencia por candidaturas independientes de filiación partidista. Más claro ni el agua limpia.

Por otro lado, el hartazgo y desconfianza de la sociedad hacia los partidos políticos es la más alta en la historia de nuestra nación. ¿Acaso se ignora el estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual afirma que el 90% de los mexicanos considera a los partidos políticos como corruptos?

Ahora bien, la solución no es aportar más recursos a los partidos, mucho menos en momentos de crisis como la que vivimos. Es inmoral que el Congreso acuerde incrementar el financiamiento a los partidos políticos, más aún cuando no hay dinero, y por el contrario si existen muchas necesidades y requerimientos de carácter social. Tan solo un ejemplo de ello es la precaria infraestructura educativa que de manera permanente se denuncia en la entidad.

Gracias y que pasen una excelente semana.