En varias ocasiones hemos expresado nuestra preocupación ante la falta de voluntad política que las autoridades del sistema educativo han tenido para solucionar el deterioro y las malas condiciones en que están las escuelas del nivel básico en nuestro país, principalmente en Sinaloa. Hoy, y cuantas veces sea necesario, lo volvemos a denunciar.

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013, realizado por el INEGI a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), arrojó que buena parte de las escuelas carecen de lo más elemental para impartir una educación de calidad, eje central de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El CEMABE afirma que de las 5996 escuelas de educación básica que hay en Sinaloa, sin contar los 49 Centros de Atención Múltiple (CAM), 225 no cuentan con servicio de agua potable, 626 carecen de energía eléctrica, 532 no tienen baños, 2644 no poseen servicio de drenaje, 462 no disponen de un pizarrón o pintarrón, 1208 no tienen un escritorio o mesa para el maestro en las aulas, 3793 no tienen señales de protección civil, 3565 están sin rutas de evacuación, 3058 no gozan de salidas de emergencia y 3442 no tienen zonas de seguridad, amén de otras necesidades.

El mismo censo informó que en Sinaloa hay 91 escuelas que tienen piso de tierra, y tres presentan paredes de material de desecho, 44 de lámina, tres de embarro, 26 de madera y 77 de adobe. Con respecto al techo, seis lo tienen de material de desecho, 387 de lámina, 12 de madera, 13 de terrado con vigas y 14 de teja.

Ahora bien, la aplicación y los resultados del CEMABE nos costaron a los mexicanos 740 millones de pesos. Sin embargo, el 10 de junio un medio de comunicación nacional dio a conocer, en primera plana, una nota titulada «Exhiben maestros a escuelas», la cual exponía que «En los últimos dos meses, maestros de 26 entidades del país han decidido denunciar las pésimas condiciones en las que se encuentran las escuelas donde trabajan. Los maestros no hicieron un censo de escuelas, como el que elaboró el INEGI a petición de la SEP y para el cual invirtió 740 millones de pesos. Los profesores únicamente tomaron fotos y las subieron a la red (Facebook)».

Las imágenes exhiben instalaciones de planteles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato que no son aptas para que los alumnos reciban una educación, ya no digamos de calidad, quedémonos con el concepto de aceptable.

Las fotos muestran claramente bancas rotas y desarmadas, pisos de lodo, baños inservibles, fosas sépticas insalubres, aulas sin techo, paredes carcomidas, instalaciones eléctricas en mal estado, canchas deportivas con grietas, improvisadas porterías de futbol, pizarrones viejos y murales escolares colocados en el piso.

Denunciaron también cómo algunos alumnos tienen que estudiar bajo el sol, mientras que otros en oscuros salones sin ventanas, o en aulas que en lugar de ventanas de vidrio son de cartón, o en salones donde se tienen que replegar cuando se inundan.

Lamentablemente, esta es la realidad de nuestras escuelas. Sin embargo, ante esta situación las autoridades han optado por aplicar otras inversiones millonarias, mismas que no han mejorado el rendimiento de nuestros alumnos, por el contrario han fracasado y se han convertido en un hoyo presupuestal.

Prueba de lo anterior es que entre 2004 y 2011 se invirtieron 25 mil millones de pesos en el programa Enciclomedia. Asimismo, a finales de 2012 la SEP invirtió 5 mil millones de pesos en el programa Aula Base Telemática, para dotar de una computadora con internet y un pizarrón electrónico. De igual modo, a partir de 2013 se han invertido alrededor de 4673 millones de pesos para dotar de computadoras y tabletas a los alumnos de quinto grado, maestros y directivos de algunos estados de la república en el marco del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD).

No estoy en contra de las nuevas tecnologías, que quede claro, pero sí rechazo la aplicación de inversiones millonarias que no han tenido resultados positivos, sino que, por el contrario, un gran número de escuelas del país ha sido abandonado a la peor de su suerte.

Esta opinión la comparten muchos expertos en temas educativos. Por ejemplo, Blanca Heredia, investigadora mexicana del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que faltan evaluaciones sobre el impacto de estas pruebas; mientras que Enrique Beascoechea Aranda, investigador de la Universidad Iberoamericana, señala que cuando se aplican las tecnologías sin capacitación para los docentes el impacto «solo es financiero, [y] esto no va a servir de nada».

No obstante, el consultor educativo Iván Montes sostiene que si bien representan un gran avance, los nuevos dispositivos por sí solos no mejorarán la calidad educativa. «Se debe capacitar al docente en el artefacto que se le entrega, pero eso no es suficiente. Un maestro que no tiene el hábito de la lectura, que no suele preparar sus clases, no le sacará ningún provecho a las nuevas tecnologías», afirma.

Por otro lado, también he insistido en que las reducciones presupuestales no deben afectar a las políticas públicas que están estrechamente ligadas al bienestar y desarrollo de la sociedad, entre las que se encuentran la educación, salud, alimentación y vivienda. Sin embargo, en nuestro país no ocurren así las cosas. Tan solo veamos los cambios presupuestales que se ha tenido en educación en este último año.

Para el Ejercicio Fiscal 2015, en un inicio la Cámara de Diputados había aprobado para la educación 305,057 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF, 2015).

Sin embargo, el 30 de enero de 2015 el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un ajuste en el gasto en educación por 7800 millones de pesos, relacionado principalmente con reducciones al Programa Escuelas de Tiempo Completo, al que le descontaron 2131 millones de pesos; a Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 500 millones de pesos; a Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo, 450 millones de pesos, y a Actividades de Apoyo Administrativo, 418 millones de pesos. De esta forma, el presupuesto definitivo para la educación en México en 2015 fue de 297,257 millones de pesos.

Estas fueron las reducciones para 2015, pero para 2016 la situación se agrava todavía más. La afectación que proponen sobre la SEP es eliminar 3920 millones de pesos de los siguientes programas: al Programa de Cultura en las Entidades Federativas, restarle 2111.5 millones de pesos; al Programa de Escuela de Calidad (Prevención y aportaciones), 1469.8 millones de pesos; al Programa de Escuela Segura (Provisiones Salariales y Económicas), 338.7 millones de pesos.

A lo anterior habría que agregarle los recortes presupuestarios para 2016 que la SHCP anunció en meses pasados: en enero de este año hizo público un corte de 135 mil millones de pesos y en abril otro más por 40 mil millones.

Finalmente, a manera de conclusión, reconozco que es bueno tener programas como el PIAD, pero lo inaceptable es que estos estén por encima de las inversiones requeridas para que todas las escuelas públicas del país cuenten con un mínimo de infraestructura y servicios que le permitan a nuestras niñas, niños y adolescentes recibir una educación digna y bajo un régimen de seguridad que les garantice su integridad física.

Estas condiciones que reclamamos ayudarán más que otros programas para que la educación en México sea de calidad, y con ello empezar a escalar los estándares y alejarnos de las calificaciones reprobatorias que obtenemos de manera permanente en cada estudio que se realiza. Ahí están los indicadores de la OCDE, la prueba PISA, los recientes resultados de la evaluación PLANEA, y de cualquiera que se haya realizado nacional o internacionalmente.