Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

El pasado mes de marzo, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Salud a fin de que se atienda con un enfoque integral el uso nocivo de bebidas alcohólicas mediante la infraestructura normativa y operativa que ya existe en el sector federal de salubridad. La iniciativa se origina en octubre del 2011, enviada al Senado en abril del 2014, y finalmente dictaminada por la Cámara de Diputados.

La reforma acordada destaca el programa denominado “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol”, el cual contempla acciones de promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención y tratamiento a personas y grupos que padezcan adicción, las cuales serán implementadas por la Secretaría de Salud. Dicho programa enfatizará el fomento de la protección de la salud con base en la educación, promoción de buenas actitudes, factores de protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa, positivos en las familias, en las escuelas, en el trabajo y la comunidad en general.

Sin duda, algo que motivó a los senadores y diputados federales a aprobar esta reforma fueron las estadísticas que muestran un incremento significativo en la ingesta de bebidas alcohólicas.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Alcohol y Salud en 2014 señala que cada año mueren 3.3 millones de personas como consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa 5.9% de todas las defunciones; es factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, donde el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones se atribuyen a su consumo.

En el caso de nuestro país, estudios de organismos internacionales en materia de vialidad señalaron que ocupamos el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, y los días jueves, viernes y sábado por la noche se movilizan alrededor de 200,000 conductores bajo la influencia del alcohol, motivo por el cual mueren aproximadamente 24,000 personas en accidentes automovilísticos al año.

En México, alrededor del 40% de las muertes violentas en accidentes, suicidios u homicidios está relacionado con el consumo del alcohol; de cada 100 personas, 66 ingieren algún tipo de producto etílico; seis de ellos ya son dependientes. Asimismo, 17 de cada 100 son jóvenes de 12 a 18 años, quienes presentan un comportamiento errático, hostil y agresivo con su familia o amigos por esta causa.

El consumo de bebidas alcohólicas crece de manera alarmante en nuestra población, sobre todo en jóvenes de 14 a 29 años; de este grupo, según estudios recientes, la mitad de bebedores son adolescentes tanto mujeres como hombres.

Por otra parte, el alcohol es causante de más de 70 tipos de enfermedades, entre las que destacan la cirrosis hepática, los desórdenes neuropsiquiátricos, la diabetes mellitus, el cáncer, así como daños en el corazón, el hígado, el estómago y, desde luego, en el sistema nervioso, además de desnutrición y anemia. Por ello, se debe aumentar la responsabilidad legal relacionada con el servicio de acciones de los encargados y propietarios de bares y establecimientos que se dedican a la venta de bebidas embriagantes.

En opinión de un servidor y de los diputados María del Rosario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero, este tipo de leyes y reformas que se legislan en el Congreso de la Unión, son las que de manera inmediata deben ser armonizadas por las Legislaturas Estatales. Por ello, este 9 de abril entregamos al H. Congreso del Estado de Sinaloa, la Iniciativa que Reforma y Adiciona Diversos Artículos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.

Esta iniciativa tiene la intención de actualizar la Ley de Salud del Estado de Sinaloa e integrar conceptos que a la fecha no están incluidos y que, sin embargo, forman parte de una tendencia mundial al ser ampliamente aceptados.

De igual forma, la iniciativa tiene el objetivo de establecer una certificación de los centros especializados para la capacitación de menores de edad y para los centros de tratamiento para personas con problemas de alcoholismo, así como crear herramientas que generen información como encuestas de evaluación y pruebas, o muestreos, que permitan a la autoridad detectar los patrones de consumo de la población en general, especialmente la más vulnerable.

De esta forma se fortalecerá una orientación de prevención, con la convicción de que dicho enfoque es sustancialmente más efectivo que otro tipo de estrategias centradas en medidas restrictivas a la comercialización, que terminan siendo un fuerte incentivo para el desarrollo del alcohol no comercial.

Por ello, la iniciativa destaca la inclusión del “Programa contra el alcoholismo y el abuso del consumo de bebidas alcohólicas”, el cual propone la prevención y el tratamiento del uso nocivo del alcohol y sus consecuencias y, en su caso, la rehabilitación; la educación sobre los efectos del uso nocivo del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros, indígenas y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva.

Además, el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la práctica para prevenir el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y ayuden así a realizar una lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Otro elemento que adiciona la iniciativa está relacionada con la publicidad de bebidas alcohólicas, la cual deberá ajustarse a ciertos requisitos como la información sobre las características, calidad y técnicas de elaboración de estos productos, y por tanto, no podrían ser presentados como productores de bienestar, salud o con efectos energizantes o estimulantes ni como propiciadores de mayor prestigio social o de éxito en la vida afectiva y sexual, e incluso tampoco ser asociados a celebraciones cívicas o religiosas.

Por estas y otras razones, consideramos apropiado la presentación de esta iniciativa.