Más vale tarde que nunca
Por Juan Manuel Pineda
En medio de una serie de señalamientos públicos, ante el documentado desorden en el manejo de los recursos públicos en Sinaloa y otros estados, se vislumbra una luz al final del túnel: la reciente reforma constitucional, avalada a mediados de febrero por el pleno del Senado, mediante la cual el Congreso de la Unión podrá aplica estrategias de ajuste orientadas al fortalecimiento de las finanzas de los estados y municipios, incluyendo al Distrito Federal.
La reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 25, 79, 108,116 y 117), ya fue turnada a los congresos de cada estado para su ratificación.
Por tratarse de una reforma constitucional, la minuta enviada a los congresos de los estados con sólo 17 votos a favor quedaría avalada.
¿Qué implica esta reforma?
En primer término, para ejemplificar con el caso de Sinaloa, marca la pauta en un tema polémico: la reforma aprobada prohibirá que los estados y municipios contraten deuda poniendo en garantía los recursos federales.
Recordemos que, en el caso de Sinaloa, el Ejecutivo estatal envió una iniciativa para reformar el decreto aprobada en la LX Legislatura para la construcción de los hospitales generales en Mazatlán y Culiacán (mediante el esquema de Asociación Público-Privada), a fin de que se otorgue en garantía el 25% de las contribuciones federales para que BANOBRAS conceda el crédito solicitado por los inversionistas.
Si esta reforma es armonizada por el Congreso del Estado, se pondrá fin a una controversia que ha sido desgastante para las partes involucradas, entre éstas organismos ciudadanos, es decir, por mandato constitucional estaría prohibido comprometer en garantía las contribuciones federales al estado.
Asimismo, esta reforma constitucional pone “contra la pared” a la administración de los estados y los municipios porque estarán obligados a dejar la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
La administración del gobierno de Sinaloa, como ocurre en otros estados, está inmersa en una serie de graves señalamientos precisamente por la falta de claridad en el manejo correcto de los recursos públicos.
Por ejemplo:
Desde el año 2013, la Auditoría Superior de la Federación observó al gobierno del estado irregularidades en el manejo de los recursos de programas federalizadospor 2 mil 266 millones de pesos; las autoridades de Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa aseguran que han solventado mil 528 millones, pero en ningún momento han explicado porqué se cometió ese mal manejo de los recursos públicos etiquetados.
A la fecha, tampoco el gobierno del estado ha clarificado porqué utilizó 300 millones de pesos del llamado flujo cotidianopara liquidar prestaciones de fin de año a docentes, afectando el pago de becas en educación básica.
Para Armando Villarreal, Secretario de Administración y Finanzas, la salida es utilizar fondos federales para otras aportaciones (lo cual constituye otra irregularidad), o solicitar otro préstamo a la banca privada, es decir, destapar un hoyo para tapar otro.
Sin embargo, un crédito a corto plazo por 300 millones de pesos se sumaría a otros 22 por diversos montos, que la administración estatal ha realizado, porque para ello no necesita el aval del Congreso del estado, y que a la fecha suman más de cinco mil 698 millones 429 mil 93 pesos sin que exista reporte del destino, según reveló la Auditoría Superior del Estado.
Un dato más: la Auditoría Superior de la Federación mantiene una estrecha vigilancia sobre la Secretaría de Salud de Sinaloa, toda vez que no encontró claridad en el manejo de recursos públicos por al menos dos mil millones de pesos.
Al respecto, la reforma constitucional avalada hace unos días por el pleno del Senado, señala:
1.La obligación de los órdenes de gobierno de inscribir y publicar de manera oportuna y transparente, la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único.
- Con esta reforma se reafirma que gobernadores y alcaldes sólo podrán contratar deuda para proyectos de inversión, ni un quinto debe usarse para en corriente y los mandatarios locales y estatales enfrentaran procesos judiciales por el mal manejo de la deuda
¿Así, o más clarito?
