El 1 de septiembre de 2014, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó al Senado de la República la iniciativa con carácter de preferente denominada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el 4 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los derechos aprobados para nuestros infantes son: a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a la prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación; al descanso y al esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad de expresión y de acceso a la información; a la participación: a la asociación y reunión;  a la intimidad y, finalmente, a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Para garantizar que todo México asegure estos derechos, los artículos 2 y 3 transitorios de esta ley establecen: «2. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor» y el «3°. Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el transitorio anterior».

Los diputados María del Rosario Sánchez Zatarain, Robespierre Lizárraga Otero y un servidor valoramos en su real magnitud esta ley, por lo que de inmediato trabajamos en las propuestas necesarias para armonizar nuestra legislación estatal con el régimen nacional acordado. Fue así como el 9 de enero de 2015 se entregó a la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de Sinaloa la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Esta iniciativa propone asegurar a niñas, niños y adolescentes un desarrollo pleno e integral que implique la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, todo ello con base en el estricto respeto de los 19 derechos contemplados.

En el marco de esta armonización, también el 27 de enero entregamos una segunda propuesta denominada Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Asistencia Social del Estado de Sinaloa con el objetivo de abrogar, en primer lugar, toda disposición que en materia de asistencia social esté contenida en las leyes de la materia actualmente en vigor. Además, promociona la prestación de servicios de salud física, mental y emocional para el cumplimiento de la misma; garantizando la coordinación, concurrencia y colaboración de la federación, el estado de Sinaloa, los municipios, así como los sectores social y privado.

Con la misma preocupación, el 10 de febrero de 2015 entregamos la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa. Uno de los títulos importantes de esta propuesta legislativa es la regulación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, que viene a sustituir a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

Sin embargo, lamentablemente el pleno del Congreso local aún no le ha dado la primera lectura correspondiente a ninguna de las tres iniciativas que presentamos, pero tenemos plena confianza que en los próximos días se la dará curso al proceso legislativo que requiere toda iniciativa, en donde un paso decisivo es la primera lectura.

Vale la pena comentar que por la trascendencia del tema, el 10 de febrero, en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se le dio primera lectura a un Dictamen de la Primera Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia de la Comisión Permanente, mismo que a la letra establece: «La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal para que deroguen sus Leyes de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y armonicen sus leyes locales con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual ha entrado en vigor el pasado 5 de diciembre del 2014».

Reiteramos que son tres las iniciativas que un servidor, junto con Sánchez Zatarain y Lizárraga Otero ya entregamos al H. Congreso del Estado de Sinaloa para atender este exhorto que apenas hace unos días formuló la Cámara de Diputados federales. De esta forma, les informo estimados lectores, Sinaloa puede ser una de las primeras entidades en armonizar su legislación local en el marco de la Ley Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, les comento que al igual que nuestro trabajo legislativo se concreta en las tres iniciativas señaladas, también existen otras siete iniciativas, relacionadas con este mismo tema,  que ya han sido entregadas al Congreso local y que contemplan propuestas que benefician a la familia como núcleo básico de nuestra sociedad.

Por último permítanme, apreciables lectores, aprovechar esta humilde colaboración para invitar a los diputados de la LXI Legislatura a que atiendan el exhorto de los diputados federales y con ello Sinaloa sea una entidad vanguardista al servicio de nuestras niñas, niños y adolescentes.