Zamora, Mich.- La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió este sábado a la Procuraduría General de la República (PGR) y al DIF nacional y estatal informar sobre la población rescatada en el albergue La Gran Familia.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció además que a seis meses del cierre de dicho lugar, se sabe del regreso de Rosa Verduzco, “Mamá Rosa”, con un nuevo albergue en Zamora, Michoacán, donde se presume tiene al menos a ocho personas.

“A decir del secretario de Gobierno en la entidad, Jaime Darío Oseguera Méndez, la autoridad estatal no ha otorgado ningún permiso para que opere este sitio”, dijo.

La presidenta del DIF en Michoacán, Katherine Rose Ettinger, dijo que la dependencia no puede intervenir, ya que en el nuevo albergue presuntamente abierto, no hay menores.

Respecto al caso del albergue cerrado hace seis meses, Juárez Piña informó que la autoridad se dio a la tarea de recabar información sobre la procedencia de estas niñas, niños y adolescentes que serviría para que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia nacional y estatal, realicen la reintegración a sus respectivas familias.

Una vez a salvo, agregó, las autoridades recabaron diversas declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con el albergue La Gran Familia y refirieron haber sido víctimas de diversos delitos, abusos físicos y psicológicos.

Los niños fueron obligados a pedir dinero en casas y calles, dormir en el suelo y con la prohibición de abandonar las instalaciones, también fueron alimentados con comida en mal estado.

Entre los probables delitos que se consideraron fueron lesiones, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y trata de personas de algunos miembros del albergue.

Es de destacar que seis trabajadores del albergue, entre maestros y supervisores, fueron enviados a prisión acusados de privación de la libertad, delincuencia organizada y trata de personas.

La directora Rosa del Carmen Verduzco quedó libre de responsabilidad penal por la argumentación de su deterioro físico y mental, pese a que se acreditó su presunta responsabilidad en al menos tres delitos federales.

“Consideramos que los espacios de cuidados alternativos no son los ideales para el desarrollo de las y los menores de edad de hacer uso de ellos”, puntualizó la funcionaria perredista.

“Estos deberán contar con supervisión y vigilancia institucional para evitar que la población infantil sufra de violencia, maltrato y estigma social, ya que es frecuente encontrar instituciones que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, agregó.

También, abundó la perredista, en muchos casos brindan sus servicios con recursos limitados y generalmente no proporcionan a la población bajo su resguardo atención, afecto y cariño necesario para su desarrollo integral.

La petición del informe es un nuevo llamado a regular el funcionamiento de instituciones que brindan el acogimiento o los cuidados alternativos para que lo hagan respetando y protegiendo los derechos humanos de las niñas y los niños.

Consideró que el acogimiento residencial o institucional debe ser considerado como una medida extrema, sólo utilizable cuando se hayan agotado todas las medidas anteriores y se deben de brindar siempre bajo la constante supervisión del Estado.