Hay un tema muy preocupante en la vida nacional: de acuerdo con las estadísticas más recientes cada vez son menos los ciudadanos mexicanos que creen y confían en las instituciones gubernamentales. Tuve la oportunidad de discutir esta difícil situación económica, social y política en la tribuna del H. Congreso del Estado y hoy, en este foro, aprovecho para retomar algunos de los planteamientos.

En días pasados, la prensa del país publicó los resultados de una encuesta acerca de la opinión que tienen los ciudadanos sobre las instituciones públicas y es desconcertante observar que la confianza ciudadana depositada en el Ejército y en el gobierno de la república cayó 13 puntos porcentuales entre abril de 2013 y finales de noviembre de 2014. La certeza en estas instituciones se sitúa en 56% y 33%, respectivamente. El Ejército Mexicano, una de las mejores instituciones con que cuenta nuestro país y que por años se había mantenido ajeno a las decisiones políticas, hoy se ha visto arrastrado por esta crisis de credibilidad.

De igual modo, el 67% de los ciudadanos desconfía de las decisiones y acciones que son tomadas por el presidente del país. Esta pérdida de confianza también golpea a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Instituto Nacional Electoral (INE). La CNDH disminuyó 12% y el INE 11% su credibilidad; es decir, ahora solo el 43% y 39% de los mexicanos, respectivamente, confía en estas instituciones. 

La crisis que vivimos en materia de derechos humanos se hizo más presente con los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez cuestionó al presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 a Juan Manuel Estrada Juárez, representante de la organización Find. La reflexión que hizo González Pérez, y que vale la pena retomar, fue la siguiente:

“El malestar social llena calles y plazas, está muy difundido […]. Son expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente; pero no se limita sólo a esos dos casos, y en realidad éstos han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, sociales y culturales.

¿Dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían estos deleznables episodios? ¿Cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esas regiones del país?”.

También el INE es otra de las instituciones cuyo nivel de confianza entre la población ha disminuido. Tras la Reforma Política Electoral se pensó que esta institución elevaría la certidumbre y la confiabilidad entre sus electores, aun sin haber tenido su prueba de fuego, me refiero a las elecciones de 2015; sin embargo, la seguridad de que esta institución se mantendrá con imparcialidad en los resultados del próximo año es mínima: 61% de los ciudadanos no cree ello; por si fuera poco, la solicitud de que en Guerrero no se realicen elecciones por falta de garantías es alarmante.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha estado exenta a esta circunstancia: la aprobación ciudadana disminuyó 11 puntos en el mismo periodo, ubicándose tan solo con el 31% de quienes la perciben adecuadamente. 

Pero sobre todo, la mayor desconfianza recae en los policías: el 77% no cree en ella. Su participación en los hechos de Iguala fue solo un detonante, de los muchos factores que existen en el país, para que esto sea así. Sin embargo, los partidos políticos no están muy lejanos de esta situación de crisis de credibilidad: 76% de los ciudadanos duda de estas instituciones.

Por si fuera poco, el presidente Enrique Peña Nieto no ha dado una explicación convincente sobre la “casa blanca” de Las Lomas, ya que pesa la duda si el Grupo Higa, empresa que ha sido contratista del gobierno, se la habría “proporcionado”; hace unos días también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue acusado de ser dueño de una casa en Malinalco, Estado de México, “fiada” por el mismo contratista que ha sido señalado como beneficiario de tráfico de influencias. Tampoco ha habido una aclaración satisfactoria sobre la tardía reacción del gobierno federal en el caso de Iguala y, sobre todo, de las fallas gravísimas en el sistema de inteligencia en torno a los gobiernos municipales de Guerrero. 

Mientras exista este grado de impunidad que alienta a los infractores de la ley, disminuirá la confianza en las instituciones, ya que se descarrila el Estado de derecho y las víctimas son humilladas. Nadie puede mantenerse indiferente o estar de acuerdo con esta barbarie que empezamos a vivir los mexicanos. En resumen, la historia de fraudes, desfalcos, tráfico de influencias y pillerías de los gobiernos es tal que la población le ha retirado la confianza a las instituciones del país.

Por tal razón, es imperativo que todas las instituciones recuperen su credibilidad ante los ciudadanos; por ello, para que la población vuelva a creer en nosotros necesitamos volver a escuchar y dialogar, entender y atender su realidad, sus necesidades. Esto es, debemos generar los canales y vías para solucionar sus problemas, y la única manera de lograrlo es ser congruentes con el discurso y el quehacer diario de nosotros, los políticos. En este sentido, no debemos permitir el debilitamiento del Estado de derecho; más aún cuando el futuro económico de los mexicanos se avizora como lleno de incertidumbre debido a la caída del precio del petróleo y la inestabilidad del peso.

Hoy en día las principales instituciones cuentan con el aval de menos de la mitad de los ciudadanos; el peligro de la legitimidad de un gobierno federal exige un cambio de forma, de estrategia y de discurso. Se trata de definir prioridades, o incluso de reconstruir al país. Trabajemos, pues, para recuperar esta confianza ciudadana.
 
Gracias y que tengan una excelente semana.