La educación, asignatura pendiente en el combate contra la inequidad, fue la principal preocupación en la XXIV Cumbre Iberoamericana que se realizó del 8 al 9 de diciembre en el puerto de Veracruz.

Se ha dicho con insistencia que la educación es la respuesta eficaz y de fondo para combatir la pobreza, la violencia, la corrupción y la indefensión. Sin embargo, la realidad es que en nuestro país esta y otras políticas públicas se encuentran conmocionadas por hechos tan lamentables como la desaparición de un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

En repetidas ocasiones he subido a tribuna del H. Congreso local este sensible problema que aqueja a todos los mexicanos, y no solo a los sinaloenses. Hoy lo retomo por la difícil situación en se encuentra nuestra nación y, particularmente, la educación.

Según el registro del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2013 había en el estado 6045 escuelas. Del total de escuelas de educación básica, que son 5996, se tiene que 5750 (95%) disponen de agua; 5341 (89%), de energía eléctrica; 5415 (90%), de servicio de baño, y 3260 (54%), de drenaje. Otros datos indican que el 13.21% tiene señales de protección civil; 17.12%, rutas de evacuación; 25.49%, salidas de emergencia, y 19.09%, zonas de seguridad.

Estas cifras expresan una radiografía nítida de las condiciones en que se encontraban los espacios educativos, en donde reciben clases nuestras niñas, niños y adolescentes.

Además de los problemas señalados, se encuentran las limitaciones y carencias que existen en abanicos, y ni se diga de aires acondicionados con sus respectivas subestaciones.

Los datos anteriores explican muchos acontecimientos que nadie desea que ocurran. Ejemplo de ello es, tema que comenté en su ocasión, cuando el 26 de junio estalló la subestación eléctrica de la Telesecundaria Núm. 30, ubicada en el municipio de El Fuerte, debido a una falla, según el reporte. Por fortuna, este accidente no tuvo consecuencias qué lamentar.

Otra experiencia negativa es la que se nos informó a la Comisión de Educación y otros compañeros diputados, al recibir a un grupo aproximado de 30 personas, entre padres de familia y profesores de la Escuela Primaria Indígena Tierra y Libertad, con clave 25BPB0045A, de la comunidad de Santa Ana, sindicatura de Ocoroni, municipio de Sinaloa, para informarnos que el viernes 28 de noviembre se desplomó el techo de ese plantel educativo.

Dicha escuela tiene una antigüedad de 75 años, por lo que la falta de mantenimiento por parte de las autoridades educativas estuvo a punto de ocasionar una desgracia. Por suerte era el último viernes del mes, día en que las autoridades educativas suspenden clases para atender reuniones de planeación y capacitación, y los más de 80 alumnos —divididos en tres aulas— no estaban presentes.

Como es notorio, en Sinaloa se requiere de mucho trabajo en nuestros planteles educativos para evitar accidentes ocasionados por deficiencias en la infraestructura.

Es penoso este hecho, más aún porque el 20 de agosto del presente año la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) recibió un escrito firmado por el profesor Tirso Álvarez Juárez, director de la escuela primaria Tierra y Libertad, mediante el cual informaba acerca de las pésimas condiciones en que se encontraba dicho edificio, e incluso advertía sobre un posible accidente.

Por consiguiente, podemos afirmar sin cortapisas que en Sinaloa la seguridad en las escuelas deja mucho que desear, es decir, hay un gran descuido.

Ahora bien, en estas consideraciones hay aristas. Nos referimos a la reciente Reforma Educativa acordada por el H. Congreso de la Unión y secundada por los congresos locales de las diferentes entidades y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Este proyecto nacional coloca como punto central la calidad educativa; sin embargo, esta no es por decreto. Es necesario crear las condiciones de infraestructura que se requieren para que las alumnas y alumnos cuenten con las condiciones mínimas necesarias para su aprendizaje; aquí me refiero a rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad y áreas de enfermería o servicios médicos; además, de servicios elementales como agua potable, drenaje y electricidad. Sin desdeñar, desde luego, la importancia del recurso humano, de su capacitación permanente desde el punto de vista pedagógico y disciplinario. Hay que recordar que ningún programa educativo tiene más calidad que sus maestros.

Por otro lado, el hecho de que nuestros planteles carezcan de estas condiciones no es por ausencia de legislación o normatividad jurídica. Esta existe, pero lo que se requiere es su aplicación. Por ejemplo, tenemos la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual establece en el artículo 9, lo siguiente: “Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez”.

Esta disposición deja claro que los diferentes niveles de gobierno son los responsables de que esta atención se traduzca en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia. También esta ley contempla el cuidado y protección efectivos contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica, así como la atención y promoción de la salud. Asimismo, se establece el derecho a recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada, recibir orientación y educación apropiada a su edad para lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, amén de la comprensión y el ejercicio de sus derechos.

Dicha ley es clara acerca de las condiciones en que deben operar los centros de atención infantil, en los cuales evidentemente se ubican los planteles educativos, espacios donde se atienden y forman a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Pero sobre todo, el artículo 49 de esta ley, en la parte final, establece la obligación de “Realizar una inspección interna de las medidas de seguridad al menos una vez al mes”.

Lo real es que lo anteriormente descrito dista mucho de las condiciones en que se hallan nuestras escuelas. Seamos lo suficientemente claros: en términos de protección civil, los planteles educativos son un verdadero riesgo latente para nuestros niños y docentes.

Si no actuamos y corregimos estas deficiencias en nuestros planteles, estaríamos prácticamente sentenciando al sector educativo a un futuro incierto; sería dejarlo en el desamparo y en el olvido, y con ello arriesgaríamos aún más, por mera negligencia o irresponsabilidad, a nuestra niñez sinaloense. Esto es, la calidad educativa promulgada por la reciente reforma podría convertirse en letra muerta, igual que otras muchas leyes y normas.

Gracias y que disfruten de una excelente semana.