El título de este artículo tiene toda la intención de señalar que es incorrecto e inadecuado enfrentar la trayectoria de dos sinaloenses distinguidos que, en su momento, han servido al Estado y a nuestra nación. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con el intento de cambiarle el nombre al boulevard Diego Valadés Ríos por el de Francisco Labastida Ochoa, en la ciudad de Culiacán.

El pasado martes subí a la tribuna del H. Congreso de Sinaloa para abordar este tema, e intenté verter los elementos suficientes para que no se concretara esta propuesta.

Comenté que hace unos días el Ayuntamiento de Culiacán, por medio del Consejo de Nomenclatura, resolvió por unanimidad cambiarle el nombre al boulevard citado. Sin desestimar que el exgobernador posee los méritos para tal efecto,argumenté que tal decisión era errónea no solo en términos legales, sino también en términos legítimos.

Más aún, se considera un acto que lastima y agrede la personalidad e integridad de un gran sinaloense, de un ejemplar mexicano, como lo es Diego Valadés.

El Consejo de Nomenclatura argumenta que Francisco Labastida Ochoa, “fue un funcionario público, que en su momento hizo un buen papel, destacando en el tema cultural”, y yo pregunto: ¿acaso el doctor Diego Valadés no continúa haciéndolo, desde los innumerables organismos en que se desempeña?

En otro tenor se señala que es importante hacer un reconocimiento en vida al licenciado Francisco Labastida Ochoa, precursor del proyecto Tres Ríos. Pero cabe subrayar: el doctor Diego Valadés Ríos continúa con vida, ¿por qué denigrarlo con una acción de esta naturaleza?

También se propone reservar el nombre de Diego Valadés para una futura oportunidad y denominar así a “una institución de tipo jurídico, académico”. Habría que preguntarse: ¿por qué no al revés? ¿Por qué honrar a uno en detrimento de quien en su momento ya ha sido honrado?

Al parecer no se conoce la destacada trayectoria de Diego Valadés Ríos, por ello vale la pena un recuento rápido:

Ha sido académico desde 1968, cuenta con el nivel 3 del SNI, fue Abogado General de la UNAM, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Presidente del Comité Editorial de la Enciclopedia Mexicana en 2002, Miembro de Consejos Editoriales de más de una decena de revistas jurídicas y multidisciplinarias, Profesor visitante tanto en el interior de la República Mexicana como en Colombia, Estado Unidos, Guatemala y España; fue Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

Fue Diputado Federal de la LIII Legislatura, Secretario General de Gobernación del Estado de Sinaloa, Procurador General de Justicia del D.F., Procurador General de Justicia de la República, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1994-1995, Presidente de la Sección Mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Ha impartido cátedras en Costa Rica, Perú y Argentina, cuenta en su haber con más de 60 libros de los cuales ha sido autor, coordinador y editor, ha publicado más de 500 artículos no solamente en español sino en inglés, francés, portugués e italiano.

Su experiencia en los tres poderes ha dejado huella de legalidad, cultura y justicia. También proyectó su labor al ámbito internacional, cuando fungió como embajador de nuestro país en Guatemala.

Ha recibido diferentes distinciones tanto en el Distrito Federal, a nivel internacional como en este Estado, por mencionar algunas recibió la Cruz del Mérito a la Investigación Jurídica por el Instituto Mexicano de Cultura en 1978, Cruz del Mérito Legislativo por la Asociación Nacional de Abogados en 1986, Gran Cruz Antonio José Irisarri por el gobierno de Guatemala en 1990, Profesor Distinguido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú en 1999. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Perú en 2012 y Doctorado Honoris Causa por la Universidad Veracruzana de México en 2012

Miembro de la Barra Mexicana de Abogado, Miembro de la Academia de Investigación Científica, es Miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Miembro de asociaciones jurídicas de Argentina, Brasil y de España y Miembro titular de El Colegio de Sinaloa.

Su labor investigativa destaca por sus aportes en las reformas al artículo 3° Constitucional, en el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, en el proyecto de reformas al artículo 4° constitucional (sobre el derecho a la protección de la salud), en el proyecto de reformas al artículo 82° constitucional (sobre las bases de la política exterior), entre otros.

Como puede verse, el doctor Diego Valadés es un sinaloense ilustre, pero es además un emblema nacional del pensamiento crítico, la legalidad y la justicia, por lo cual el que el boulevard en cuestión lleve su nombre está más que sustentado.

Ahora bien, en el aspecto legal también hacer el cambio de nombre a dicha vialidad es violatorio a lo establecido en la normatividad. En primer lugar, el Reglamento de Construcciones para el municipio de Culiacán, Sinaloa, en el capítulo IV relativo a la Nomenclatura, establece lo siguiente: “Artículo 32. La asignación y cambio de nomenclatura se autorizará en los casos en que se demuestre un evidente beneficio para los habitantes del territorio municipal”.

El artículo 33 de dicho Reglamento señala que cambiar el nombre a una vialidad es incorrecto, ya que “Para efectos de una mejor planeación de la ciudad, los corredores urbanos y de transporte y las vialidades primarias deberán conservar el mismo nombre desde su nacimiento hasta su conclusión”.

También habría que considerar que, al tratarse de una arteria sustancial para el tránsito vehicular y la vida comercial de la ciudad, el cambio de nomenclatura crearía muchas incomodidades y ningún beneficio para los habitantes y comerciantes que se han instalado a lo largo del boulevard Diego Valadés.

Por dar un ejemplo, todos esos comercios se verían obligados a hacer engorrosos y costosos trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cambiar su dirección fiscal y notificar a todos sus proveedores, además de todas las molestias que un cambio de esa naturaleza genera; asimismo, los dueños de las casas habitación tendrían que hacer lo propio en cuanto a la escrituración, testamentos, etcétera. ¿Quién pagaría los gastos derivados de todos estos trámites? Sin duda alguna, los ciudadanos culiacanenses afectados.

Finalmente, reitero que es incorrecto comparar y enfrentar los merecimientos de ambos personajes. En todo caso, conviene preguntarnos: ¿por qué no considerar el nombre de Francisco Labastida para imponer su nombre a otra gran obra. ¿Por qué honrar a uno en detrimento de quien en su momento ya ha sido honrado? Aparte, ¿cuál sería el beneficio para la ciudad, mencionado en el artículo 32 del Reglamento de Construcciones, con un eventual cambio de nomenclatura?

El hecho de que nuestra ciudad y sus gobernantes decidan retirarle dicha distinción al doctor Diego Valadés Ríos, nos hace ver como un pueblo grosero e ingrato.

Gracias y que pasen una excelente semana.