Héctor Melesio Cuén Ojeda

La Constitución Política y el propio sistema de seguridad pública establecen la obligación del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, de velar por la seguridad pública.

Promovido por el Sistema de Seguridad Nacional, el 25 de agosto del año 2008, el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.  Suscribieron este acuerdo los poderes Ejecutivo federal y estatal, Congreso de la Unión, Poder Judicial federal, representantes de las asociaciones de presidentes municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas.

La firma de este acuerdo reconocía que la sociedad mexicana se encontraba en una profunda crisis de impunidad y corrupción, así como de una falta de coordinación entre las autoridades y los diferentes niveles de gobierno, lo cual generaba un ambiente de inseguridad y violencia. Este pacto contempla la evaluación de todas las autoridades y niveles del área de seguridad, y una de las formas de revisión es a través de la aplicación de los exámenes de control y confianza.

México vive una crisis en materia de seguridad y de respeto a los derechos humanos, dos rubros en los que el gobierno le está fallando a la sociedad. Los hechos recientes ocurridos en Guerrero y sus ramificaciones en todo el país, la poca capacidad de nuestras autoridades para aplicar el Estado de derecho; la repartición de culpas entre actores políticos; la ineficiente preparación de los funcionarios encargados de la seguridad y la nula supervisión del respeto a los derechos humanos por las instituciones encargadas, aumentan el clima de desesperación que vive la población de México.

En Sinaloa este acuerdo se conoce más por la aplicación de este examen a los policías estatales, ministeriales y municipales, evaluación aplicada desde el año 2011. Es hasta el presente año que se conoce que 4,080 policías habían reprobado, y que por lo tanto tenían que ser dados de baja, acción que se ha venido implementando en los últimos días y que ha generado bastantes controversias e inconformidades de estos guardianes del orden.

Pasaron casi cuatro años y no ocurrió casi nada en relación a los resultados que cada policía obtuvo de su examen. Es hasta hace unos meses cuando se informa y aplica el despido de todo aquel policía, que de acuerdo con el criterio y evaluación del Sistema de Seguridad Pública Nacional, no aprobó dicha valoración y por tanto, debe salir de las corporaciones policíacas. La única respuesta que se le dio es “no estás apto” y por ello tienes que ser despedido.

Existen muchas versiones acerca de la forma en que serán dados de baja; se habla de algunos planes para incorporarlos a la seguridad privada o buscar alguna actividad ajena a la que venían desarrollando, e incluso buscar créditos para que inicien diversos negocios.

La realidad es que hay una gran inconformidad entre todos ellos, tan es así que ya acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al H. Congreso del Estado, al Palacio de Gobierno, y no se diga a expresarse de manera pública manifestando el trato injusto e indigno que se les está dando con la violación a sus derechos humanos.

Un servidor y los diputados Robespierre Lizárraga Otero y María del Rosario Sánchez Zatarain, integrantes de la LXI Legislatura del Estado de Sinaloa, consideramos necesario que las leyes de nuestro estado contemplen estos hechos que hoy perjudican, a quienes en su momento la sociedad les depositó la confianza de la seguridad de todos nosotros. En tal sentido elaboramos iniciativa de ley de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la que proponemos lo siguiente:

Aquellos agentes policíacos o personal de seguridad que no hayan aprobado el examen de control y confianza, podrán ser pensionados conforme a la edad laboral, si cubren los requisitos señalados en ley que se propone reformar. Para alcanzar este objetivo, se propone que a través del artículo segundo transitorio, y por única ocasión, quienes habiendo cumplido cuarenta años de edad y tengan cuando menos diez años de servicio tienen derecho a una pensión por vejez hasta por el 40% del salario.

Se propone que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza inicie, dirija, coordine, lleve a cabo, aplique y califique las investigaciones, los exámenes y evaluaciones a los aspirantes y al personal activo de las instituciones de seguridad pública, respetando la dignidad de los examinados, teniendo derecho estos a pedir la revisión de los exámenes correspondientes.

También se propone estar conscientes que cuando las causas de la aptitud para la permanencia a los cuerpos policíacos se deban a la escasa condición física, enfermedades que le impidan su buen desempeño o a falta de certificación de documentos expedidos por instituciones educativas debidamente acreditadas, las autoridades de seguridad instrumentarán mecanismos que subsanen esta deficiencia, y que si en un plazo de un año subsisten estas causas, se aplique lo señalado en la ley.

Por último, con el objeto de confirmar este derecho, los exámenes de control y confianza que se apliquen al personal de seguridad pública por autoridades competentes podrán ser revisados y, si fuere el caso, modificados para que la metodología aplicable defina los objetivos que se pretenden alcanzar con sus resultados. Así también su propósito es cumplir con la garantía constitucional del derecho de revisión, para que el examinado conozca los aspectos en que falló.

Los policías despedidos son humanos al igual que todos nosotros, tienen familia, esposas, hijos, que muchos de ellos dependen en todos los sentidos de los que hoy son retirados de su trabajo. No tenemos por qué darles un trato indigno, falto de todo respeto a los más elementales derechos humanos.

Es momento de mostrar nuestra solidaridad con ellos.

Gracias y que disfruten una excelente semana.