Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la reconciliación, y nunca ha tenido tanta importancia como en esta época.
ONU

En 1996, la UNESCO declaró al 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia, con lo que los Estados miembros reafirmaron su compromiso de fomentar el bienestar, la libertad, el progreso de los seres humanos, así como alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación en todas las culturas, civilizaciones y pueblos.

La tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas cuando estas son diferentes o contrarias a las propias y a las reglas morales. Es uno de los valores humanos más aceptados y, generalmente, se considera como una virtud que evita conflictos.

La tolerancia es indispensable para la democracia. Sí, porque la democracia propone el pluralismo de opiniones, así como de preferencias y proyectos políticos distintos; además, proporciona un procedimiento pacífico para dirimir diferencias en un marco de igualdad de derechos ciudadanos. 

La tolerancia pasó de ser un precepto moral a una norma jurídica garantizada por el Estado de derecho, por lo que representa el principal fundamento del régimen democrático. Para lograr esto, el camino no ha sido fácil, por el contrario, se ha pagado un elevado costo: desapariciones, represiones y asesinatos.

Esta norma jurídica fue la gran ausente en la protesta de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero. Lo que sucedió en Iguala es un vivo ejemplo de una “ideología de intolerancia”, la cual no debemos permitir que se repita en ningún rincón de nuestro país. Hasta el momento, las autoridades no han logrado informar de manera convincente sobre el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de 43 más.

Asimismo, los medios de comunicación han publicado, entre otras noticias, la quema, saqueo y destrucción del Palacio Municipal de Iguala, del Palacio de Gobierno y del recinto del H. Congreso local, así como de la Plaza Tamarindos, en Guerrero; de igual forma ocurrió con las instalaciones del PRI, PAN, PRD y PANAL, y se reportó también el secuestro de más de cincuenta camiones. También se atentó contra la puerta principal, muros, ventanas y paredes del Palacio Nacional.

La historia de México está marcada por actos de intolerancia contra la población; y hoy, sin duda, la sociedad se siente agraviada y dolida. Las múltiples manifestaciones realizadas a lo ancho del país así lo demuestran; sin embargo, esta indignación no debe expresarse con violencia: no todo puede ser perseguido, pero tampoco todo puede ser tolerado. La tolerancia tiene un límite, la tolerancia debe tener su justa medida. 

El martes 18 tuvimos la oportunidad de compartir desde la tribuna este difícil tema con las y los legisladores, cuyas reflexiones ahora comento en estas líneas. Reiteré que en política, como en la democracia, muchas veces es fundamental asumir el papel del otro, es decir, ponerse en el lugar del adversario para intentar ver el problema desde su punto de vista, respetando en todo momento su forma de expresarse, para evitar la violencia.

Por otro lado, la tolerancia no debe de advertir tampoco la impunidad, pues violar el Estado de derecho, las leyes, para exigir justicia, no implica tener que ser tolerantes. Esto es, la tolerancia no debe confundirse con la impunidad.

Nuestra tarea es garantizar, con base en las leyes, el respeto y los valores comprendidos en el concepto de tolerancia. Por ello, rechazamos la violencia —en todas sus manifestaciones— como un medio para obtener el triunfo de las ideas sobre las minorías; por el contrario, aceptamos el pluralismo en todas sus dimensiones y defendemos la libertad de las ideas.

La respuesta social que se está dando en torno al caso de Ayotzinapa es sumamente preocupante. Hoy mismo, 20 de noviembre, se suspendió la jornada cívico militar en el Distrito Federal, conocida como el desfile tradicional para conmemorar un aniversario más de la Revolución mexicana; de igual forma, no se llevará a cabo la sesión de la Cámara baja. Ambas cancelaciones son por el anuncio de marchas y manifestaciones que se realizarán en la ciudad, y por el temor de que vuelva a surgir la violencia.

Por consiguiente, es obligado que la sociedad haga un llamado urgente a las autoridades federales y estatales de Guerrero para que, en el marco de la tolerancia, se atiendan las derivaciones violentas que en el país se vienen expresando en relación con la barbarie perpetrada contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El país está en una grave crisis que podría salirse control, y de ser así, toda la sociedad se verá perjudicada.

Gracias y que pasen una semana excelente.