Héctor Melesio Cuén Ojeda

En este momento nuestro país vive una situación muy difícil y llena de incertidumbre, por los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que sufrieron desaparición forzada. En este hecho, como en otros similares, la labor de los periodistas y de los medios de comunicación es de gran importancia, pues son los encargados de proporcionar a la ciudadanía información fehaciente y oportuna, aún cuando los acontecimientos sean cruentos.

Es sabido que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental para la dignidad humana, el estado de derecho y el buen gobierno. Sin embargo, en nuestro país, la mayoría de las veces los periodistas trabajan en condiciones inseguras: enfrentan amenazas, abusos, acoso, violencia, e incluso la muerte.

De hecho, México está considerado como uno de los países más peligrosos para los periodistas y los medios de comunicación, ya que los ataques recibidos han sido desmedidos, a pesar de que el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “Todo el mundo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia; buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”.

Debido a los asesinatos de comunicadores en el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución de proclamar el 2 de noviembre como el Día Internacional para PONER FIN A LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS.

De esta manera, 2014 es el primer año en que se conmemora esta trascendental resolución, la cual urgió a los Estados miembros a implementar medidas contundentes para hacerle frente a la impunidad de los crímenes contra los periodistas.

Esta resolución condena todos los ataques y actos de violencia ejercidos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, e insta a los Estados Miembros a hacer el máximo posible para prevenir los actos de barbarie, asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia y, a su vez, que las víctimas tengan acceso a los recursos necesarios para defenderse en tales casos.

En la última década, más de 700 periodistas en el mundo han sido asesinados por el simple hecho de trabajar para ofrecer información veraz a la sociedad.

En París, Francia, y de acuerdo con el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, la UNESCO reportó que de 2006 a 2013 fueron asesinados en el mundo 593 periodistas, de los cuales 44 crímenes ocurrieron en nuestro país.

Tan sólo en 2012 la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, condenó los 123 asesinatos de trabajadores de medios de comunicación. En 2013 esta cifra descendió ligeramente a 91, pero aun así fue el segundo año con más muertes de comunicadores, según los registros de la UNESCO.

En México los ataques a periodistas son sinónimo de impunidad, pues nuestro país se encuentra en el séptimo lugar a nivel mundial en materia de asesinatos de periodistas, de acuerdo con el Centro para la Protección de Periodistas de Nueva York. Lamentablemente nos encontramos junto a países como Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria y Afganistán, donde la administración de justicia, en estos casos, es ineficiente.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México ocupa el lugar 152 entre una lista de 180 países que ofrecen menos garantías para el ejercicio periodístico. Durante el sexenio del presidente Vicente Fox se asesinaron a 21, pero con el presidente Felipe Calderón la cifra se multiplicó: cayeron ultimados 71 periodistas.

Ante estos hechos, en 2010 la Procuraduría General de República (PGR) creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual hasta la fecha tiene 541 averiguaciones previas por agresiones a profesionales de los medios de comunicación.

En la administración del presidente Enrique Peña Nieto se habían asesinado, hasta junio de este año, a 10 periodistas: dos ellos en Sinaloa. En nuestra entidad las agresiones no han parado, como lo demuestra el asesinato de Antonio Gamboa Urías, periodista y director de la revista Nueva Prensa, en Los Mochis, quien fue localizado sin vida la noche del jueves 23 de octubre, luego de 12 días de estar en calidad de desaparecido.

En México, cada 29.1 horas se atenta físicamente contra un periodista en promedio, según la organización internacional Artículo 19; esta cifra coloca al tercer trimestre del 2014 como el más violento para la prensa mexicana en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

De enero a septiembre, Artículo 19 documentó 222 agresiones a la prensa mexicana, y de ese total, 94 fueron ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas, 23 detenciones arbitrarias, tres asesinatos a periodistas y el ataque a las instalaciones de un medio de comunicación.

Las cifras hablan por sí solas: en 42% de las agresiones el responsable es un funcionario público; en 17%, un particular; en 27%, se desconoce al atacante.

En Sinaloa, 2014 ha sido para la prensa un año difícil: en marzo, tras cubrir una manifestación, varios periodistas fueron agredidos por agentes municipales en Culiacán; ese mismo mes, un reportero fue agredido por maleantes enfrente de la policía municipal de la capital sinaloense (los elementos policiacos solo observaron); en Guamúchil, otro periodista fue agredido por ministeriales que brindaban seguridad a una marcha en protesta por la detención de un narcotraficante, y el 2 de abril el director general del periódico Noroeste, Adrián López Ortiz, fue balaceado cuando regresaba del aeropuerto de Culiacán.

Para Artículo 19, Sinaloa ocupa el quinto lugar nacional en agresiones a periodistas y medios de comunicación. Por ello, con su programa de Protección a Periodistas dicha organización ha brindado seguridad a tres comunicadores sinaloenses.

Por todo esto, en este primer Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el martes 4 de noviembre, desde el Congreso del Estado hicimos un enérgico llamado al gobierno de México y al Ejecutivo del Estado para que se les brinde seguridad a los periodistas al realizar sus labores y que se eviten las agresiones a este gremio.

 Muchas gracias y que pasen una excelente semana.