Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha venido impulsando en sus primeros dos años de gestión lo que denomina la gran reforma estructural que México necesita para abatir el enorme rezago en productividad, derechos humanos y democracia que tiene nuestra nación frente a otros países del mundo.

Las reformas alentadas y acordadas por el H. Congreso de la Unión y que hoy son motivo de análisis y discusiones en diferentes foros son 11: la Reforma Energética, Reforma en Materia de Competencia Económica, Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, Reforma Hacendaria, Reforma Financiera, Reforma Laboral, Reforma Educativa, Nueva Ley de Amparo, Código Nacional de Procedimientos Penales, Reforma Político-Electoral y Reforma en Materia de Transparencia. Hasta ahora, los mexicanos tenemos incertidumbre si estas reformas redituarán beneficios a nuestras familias y a la sociedad.

No obstante, una de las reformas que más controversias ha generado es la Reforma Político Electoral; enumero sucintamente los aspectos más polémicos  como el hecho de que el Instituto Federal Electoral (IFE) se transforma en Instituto Nacional Electoral (INE); el que los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos. Además, serán viables los gobiernos de coalición;  aumenta del 2 al 3% el porcentaje mínimo requerido para conservar el registro como partido político nacional; se garantiza la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales y presidentes municipales; se adelanta del 1º de septiembre al 1º de agosto la fecha de inicio del primer periodo ordinario de sesiones cuando el Presidente de la República inicie su cargo y se adelanta del 1º de diciembre al 1º de octubre la toma de protesta del Presidente de la República.

Sinaloa, al igual que el resto de las entidades estatales está obligada a la armonización de su legislación para ponerla acorde con las reformas nacionales ya aprobadas. Nosotros, como diputados locales de las diferentes fracciones políticas representadas en el H. Congreso de Sinaloa, ya hemos entregado diversas iniciativas para alcanzar la necesaria actualización de las normas jurídicas de nuestro estado. El gobierno estatal, alentó la “Mesa de Compromisos por Sinaloa”, espacio donde los 8 partidos políticos hicimos nuestras propuestas y consideraciones, algunas de las cuales se consensuaron en iniciativas de leyes ya depositadas en el Congreso.

Hay fechas y plazos determinantes. Según el Vocal Ejecutivo del INE, Miguel Ángel Ochoa Aldana, en el Consejo Local del INE en Sinaloa, será el 30 de noviembre cuando inicien los trabajos del proceso electoral federal para nombrar diputados federales. El 30 de mayo del 2015 (noventa días antes de que inicie el proceso electoral local) es el plazo para que Sinaloa armonice su Ley Electoral con la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LEGIPE). Al parecer es mucho tiempo el que se tiene para lograr esto último, pero ya hay voces en el estado que opinan que los procesos se traslaparán y será imposible que Sinaloa realice su reforma política.

Vale la pena la pena revisar una parte del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que a la letra dice:

La ley en materia electoral deberá modificarse, promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Los diputados María del Rosario Sánchez Zatarain, Robespierre Lizárraga Otero y un servidor, elaboramos la iniciativa de ley que implica una reforma política electoral integral la cual armoniza nuestra Constitución con los cambios nacionales. Dicha iniciativa fue entregada al H. Congreso el día 2 de abril de este año, cuyas propuestas , entre otras, establecen la autonomía constitucional al Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); viabilidad jurídica al referéndum, plebiscito, revocación del mandato y consulta popular; garantía de los derechos y prerrogativas de los candidatos independientes; cambio de fecha de la jornada electoral; reelección consecutiva de diputados al Congreso, presidentes municipales, síndicos procuradores, regidores y síndicos de los ayuntamientos; que el síndico procurador sea el que haya obtenido el segundo lugar en estas elecciones; creación del Tribunal de Justicia Constitucional de manera específica con carácter autónomo, para garantizar una regularidad del ordenamiento supremo y la propuesta para constituir el fiscal general de justicia del estado.

Aprobar la reforma política electoral requiere, en principio, acordar los cambios a la Constitución Política del Estado, para luego darle curso a las leyes secundarias en materia electoral, y ese proceso legislativo por la mayoría calificada que se requiere es más tardado,  ya que se  realiza –según la voluntad de quienes gobiernan- en alrededor de tres o cuatro meses. Para entonces, estamos en pleno proceso electoral federal y seguramente varios actores políticos propiciarán “argumentos”, para declarar que hay que iniciar con esta reforma, hasta después de las elecciones federales. Es decir, los meses de julio, agosto, tal vez septiembre del año 2015.

La experiencia de los últimos años demuestra que las fuerzas políticas dominantes en el estado, no han tenido la suficiente voluntad para aprobar reformas de fondo en el plano político electoral, lo cual le permita a los sinaloenses ejercer y vivir una democracia que realmente  sirva a los intereses de los sectores mayoritarios de la sociedad. Por el contrario han privilegiado sostener esquemas que les permitan seguir controlando las esferas del poder en beneficio de grupos minoritarios y con intereses ajenos a la población.

En unos cuantos meses, estos grupos tendrán la oportunidad de demostrar lo contrario.

Gracias y que pasen una excelente semana.