Por Juan Manuel Pineda

La aprobación unánime de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Seguridad Pública en Sinaloa, provocó una reacción social en cadena con repercusiones nacionales e internacionales.

El rechazo social inmediato se multiplicó, como onda expansiva, debido al contenido del artículo 51 bis que, de facto, sustenta una “Ley Mordaza” en evidente atropello a la libre expresión garantizada en la Carta Magna, pero también en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos que data de 1948.

Las diputadas y los diputados locales, integrantes de la 61 Legislatura, aprobaron la reforma y algunos de ellos admitieron que lo hicieron sin conocer el contenido del dictamen, particularmente lo establecido en el artículo 51 bis que señala:

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el texto del artículo aprobado en la sesión extraordinaria del miércoles 30 de julio.

También se advierte: “En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada a ciegas por el Poder Legislativo, exhibió a Sinaloa como una entidad de autoridades dictatoriales.

Como si se pudiera “tapar el sol con un dedo”, en los cuatro años que llevan en el poder las autoridades estatales, el Gobernador, Mario López Valdez, ha incluido en su discurso la hipótesis de que si los medios de comunicación social sólo difunden los hechos positivos de la entidad se generarán, casi en automático, más y mejores condiciones para el desarrollo socioeconómico.

En ese sentido, su reiterado exhorto –principalmente a los representantes de los medios de comunicación- implica la velada intención de aplicar una “Ley Mordaza”, so pretexto de propiciar una imagen siempre positiva de Sinaloa para acabar con el estigma de entidad violenta, cuna de capos del narcotráfico.

La “estrategia” de comunicación no ha funcionado por la simple y sencilla razón de que es parte de las muchas ocurrencias gubernamentales, es decir, no es una política pública debidamente sustentada en la planeación y la evaluación.

En la armonización de la Ley Orgánica de la PGJE y de la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa con las correspondientes normas federales, el Ejecutivo estatal encontró la oportunidad propicia para limitar al máximo la cobertura periodística de los hechos derivados de la inseguridad pública.

En la práctica ya lo había hecho, y uno de los ejemplos más recientes es la represión contra reporteros que realizaban la cobertura de las marchas que se realizaron en Culiacán tras la detención, hace unos meses, de Joaquín “Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Ante la fuerza de los hechos, no es creíble el argumento del Gobernador López Valdez quien, en un intento por matizar la pifia, envió un comunicado donde dijo: “no es la intención del gobierno cometer excesos y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa, sino por el contrario, propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro”.

¿Esta postura, no se contradice con el contenido del artículo 51 bis?

Pero si esto es poco creíble, lo dicho por el diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, es francamente inadmisible:

-“Lo primero que debo decir, es que no debemos (sic) fallar….debo decir que sólo armonizábamos estas leyes con las federales, por tanto esto pudo haber (sic) ocurrido a nivel federal; estas cosas ocurren en todas las legislaturas del mundo (sic), no deben de repetirse, pero ocurrió”

Más allá de la polémica social desatada por el contenido del artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la PGJE, afloró la real magnitud de una fuerza alentadora, esperanzadora: la extraordinaria y decisiva influencia del considerado cuarto poder, es decir, de los medios de comunicación.

En este caso, la reacción del cuarto poder fue contundente y el impacto demoledor: en menos de 48 horas puso contra la pared al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, obligándolos a retractarse de su “Ley Mordaza” e iniciar el proceso para derogar, a la brevedad posible, el artículo 51 bis.

El rol del considerado cuarto poder para dirimir esta controversia, marca la pauta del papel que pueden tener los medios de comunicación social para convertirse en reales contrapesos, a fin de que los actos de gobierno contribuyan realmente a mejorar la calidad de vida de las familias.

Informar, pero sobre todo educar y formar opinión pública, constituyen una influencia determinante que tiene el cuarto poder para darle mejor rumbo, vigencia y plenitud a la democracia,

La derogación del artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la PGJE, deja también una lección a las autoridades que siempre deben tener presente: “no rascar los huevos al tigre”.

Artículo 51 bis: “Le rascaron los huevos al tigre”

Por Juan Manuel Pineda

La aprobación unánime de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Seguridad Pública en Sinaloa, provocó una reacción social en cadena con repercusiones nacionales e internacionales.

El rechazo social inmediato se multiplicó, como onda expansiva, debido al contenido del artículo 51 bis que, de facto, sustenta una “Ley Mordaza” en evidente atropello a la libre expresión garantizada en la Carta Magna, pero también en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos que data de 1948.

Las diputadas y los diputados locales, integrantes de la 61 Legislatura, aprobaron la reforma y algunos de ellos admitieron que lo hicieron sin conocer el contenido del dictamen, particularmente lo establecido en el artículo 51 bis que señala:

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el texto del artículo aprobado en la sesión extraordinaria del miércoles 30 de julio.

También se advierte: “En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada a ciegas por el Poder Legislativo, exhibió a Sinaloa como una entidad de autoridades dictatoriales.

Como si se pudiera “tapar el sol con un dedo”, en los cuatro años que llevan en el poder las autoridades estatales, el Gobernador, Mario López Valdez, ha incluido en su discurso la hipótesis de que si los medios de comunicación social sólo difunden los hechos positivos de la entidad se generarán, casi en automático, más y mejores condiciones para el desarrollo socioeconómico.

En ese sentido, su reiterado exhorto –principalmente a los representantes de los medios de comunicación- implica la velada intención de aplicar una “Ley Mordaza”, so pretexto de propiciar una imagen siempre positiva de Sinaloa para acabar con el estigma de entidad violenta, cuna de capos del narcotráfico.

La “estrategia” de comunicación no ha funcionado por la simple y sencilla razón de que es parte de las muchas ocurrencias gubernamentales, es decir, no es una política pública debidamente sustentada en la planeación y la evaluación.

En la armonización de la Ley Orgánica de la PGJE y de la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa con las correspondientes normas federales, el Ejecutivo estatal encontró la oportunidad propicia para limitar al máximo la cobertura periodística de los hechos derivados de la inseguridad pública.

En la práctica ya lo había hecho, y uno de los ejemplos más recientes es la represión contra reporteros que realizaban la cobertura de las marchas que se realizaron en Culiacán tras la detención, hace unos meses, de Joaquín “Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Ante la fuerza de los hechos, no es creíble el argumento del Gobernador López Valdez quien, en un intento por matizar la pifia, envió un comunicado donde dijo: “no es la intención del gobierno cometer excesos y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa, sino por el contrario, propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro”.

¿Esta postura, no se contradice con el contenido del artículo 51 bis?

Pero si esto es poco creíble, lo dicho por el diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, es francamente inadmisible:

-“Lo primero que debo decir, es que no debemos (sic) fallar….debo decir que sólo armonizábamos estas leyes con las federales, por tanto esto pudo haber (sic) ocurrido a nivel federal; estas cosas ocurren en todas las legislaturas del mundo (sic), no deben de repetirse, pero ocurrió”

Más allá de la polémica social desatada por el contenido del artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la PGJE, afloró la real magnitud de una fuerza alentadora, esperanzadora: la extraordinaria y decisiva influencia del considerado cuarto poder, es decir, de los medios de comunicación.

En este caso, la reacción del cuarto poder fue contundente y el impacto demoledor: en menos de 48 horas puso contra la pared al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, obligándolos a retractarse de su “Ley Mordaza” e iniciar el proceso para derogar, a la brevedad posible, el artículo 51 bis.

El rol del considerado cuarto poder para dirimir esta controversia, marca la pauta del papel que pueden tener los medios de comunicación social para convertirse en reales contrapesos, a fin de que los actos de gobierno contribuyan realmente a mejorar la calidad de vida de las familias.

Informar, pero sobre todo educar y formar opinión pública, constituyen una influencia determinante que tiene el cuarto poder para darle mejor rumbo, vigencia y plenitud a la democracia,

La derogación del artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la PGJE, deja también una lección a las autoridades que siempre deben tener presente: “no rascar los huevos al tigre”.