Por Juan Manuel Pineda

El 12 de junio es el “Día Internacional Contra el Trabajo Infantil”. Ojalá, todos los días prevaleciera la reflexión sobre el tema, pero sobre todo creciera la conciencia social para generar condiciones de vida digna a millones de menores de edad, cuyo futuro está acotado por la pobreza.

La demagogia del discurso oficial –“los niños son el futuro de México”-, evidentemente choca con la realidad social, cada vez más lacerante: en el caso de México, según información del INEGI, en 2011 aproximadamente tres millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad realizaban alguna actividad económica, es decir, una ocupación de 10.5 por ciento.

El INEGI también precisa que: “La niñez es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas, por lo que es importante garantizar que los individuos en esta fase de la vida se encuentren lo menos expuestos a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar su integridad física y emocional”.

En México, la protección de la población infantil contra las formas de trabajo establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe el trabajo de los niños menores de catorce años no se refleja en la práctica. Lo que pasa en los valles agrícolas de Sinaloa, Sonora y de la Baja California, particularmente, son un claro ejemplo de ello.

El reporte del INEGI, a propósito del “Día Internacional Contra el Trabajo Infantil”, establece que: “garantizar la asistencia escolar de todos los niños y niñas es un derecho fundamental, y un factor que contribuye a prevenir y erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, 39.1% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan declaran no asistir a la escuela; por sexo los niños ocupados 41.6% no asisten a la escuela; de las niñas ocupadas 33.7% se encuentran en esta situación”.

Save The Children en Sinaloa, alertó que pese a los esfuerzos que se han realizado por 16 años para erradicar la mano de obra infantil en los campos agrí¬colas de Sinaloa, la si¬tuación se ha agravado, a tal grado que organismos internacionales exi¬gen la urgente intervención de las autoridades correspondientes

La magnitud de estos datos tienen relevancia si se contextualiza con la situación que enfrentan miles de menores de edad, hijos de jornaleros migrantes, que año con año llegan a los valles agrícolas sinaloenses.

La intervención educativa no sólo como garante de un derecho Constitucional de niñas y niños, sino como un mecanismo de protección y defensa, así como factor que contribuya al desarrollo intelectual, físico y emocional de los menores de edad de este sector de la sociedad, está en grave riesgo por dos razones: una, la reducción del presupuesto de casi 50%; la otra, porque esos recursos ya se agotaron y el programa será cancelado el próximo mes de julio.

Según la información oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa, a la fecha 15 mil 229 niños migrantes se han incorporado al Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM).

Juan Pantaleón Morales, coordinador estatal de dicho programa en la SEPyC, dijo que la cifra muy variable “dado que siguen llegando continuamente a lo largo del ciclo escolar”.

Pero la realidad es muy distinta: información del área de estadística de la SEPyC, el PRONIM Sinaloa atiende este año a 10 mil 204 hijos de jornaleros agrícolas migrantes desde educación inicial hasta secundaria.

La educación inicial y preescolar se atiende en albergues en los campos agrícolas, en tanto que de los poco más de 6 mil alumnos de primaria casi 4 mil acuden a las aulas instaladas en los albergues, y aproximadamente 2 mil 500 a escuelas primarias generales.

Estos alumnos tienen ahora un futuro más desalentador toda vez que el PRONIM Sinaloa cancelará, a partir del próximo mes de julio, toda su actividad educativa porque se agotó su presupuesto anual.

En 2013, este programa federalizado recibió un presupuesto de 56 millones de pesos; para el presente año, sólo se otorgaron 28 millones de pesos, es decir, una reducción del 50%.

Se ha pretendido subsanar esta intervención educativa especial, canalizando a los menores a escuelas regulares; sin embargo, el desfase es evidente por la condición de niñas y niños migrantes, principalmente.