Por Héctor Melesio Cuén Ojeda

Uno de los grandes temas de debate en nuestro sistema democrático lo constituye el financiamiento público. Se asocia directamente con el de las prerrogativas a los partidos políticos y con la posición que tienen como fuerzas en ese ámbito. También se vincula con su quehacer en beneficio de la democracia y de la sociedad en su conjunto. El cómo se aprovechan y qué utilidad se le da a las citadas prerrogativas.

Algunos partidos políticos emplean los recursos públicos, provenientes de nuestros impuestos, para el pago de una burocracia partidista. Hay dirigentes que viven en el confort, gracias a esas prerrogativas, cuyos beneficios se extienden a sus familiares. De tal manera que se dan el lujo de contratar choferes y hasta empleados domésticos. Esto no es ninguna gracia, ni nada ético.

Otros emplean las prerrogativas para incentivar a quienes realizan el acarreo y compra del voto en las colonias y comunidades marginadas, aprovechándose de la situación socioeconómica adversa en que se encuentran.

Casi nadie las emplea para movilizar contingentes en la instrumentación de programas de índole social. Activismo que redunde en beneficio directo de quienes menos tienen. Aun cuando existen formas creativas que no requiere siquiera el uso de dichas prerrogativas para esos propósitos. Más cuando participan militantes y simpatizantes con convicción humanista y compromiso social.

Lo ideal es que el dinero proveniente de los impuestos que paga el pueblo para sostener a los partidos políticos en nuestro sistema democrático no se desvíe o se aplique irregularmente, porque los concebimos como recursos sagrados que debemos utilizar con suma honradez como lo ordena la ley y demás disposiciones reglamentarias. Más si deriva de nuestro sistema de derecho, así como de la confianza y voluntad ciudadana expresada en las urnas.

A esas prerrogativas se les denomina financiamiento público, y es el que otorga el Estado conforme a la Ley. Hay otras dos categorías o fuentes de ingresos de sostenimiento de los partidos políticos: el privado y el autofinanciamiento.

En esta colaboración nos referiremos sólo al llamado financiamiento público, es decir, al derivado de las prerrogativas, limitándolo únicamente al correspondiente a los partidos políticos, aquí en Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2014.

El artículo 45, apartado A, de la Ley estatal Electoral, establece respecto del financiamiento público que los partidos políticos tendrán derecho a él durante el año de la elección y los dos posteriores, conforme a las reglas siguientes: del total, un veinte por ciento se dividirá por igual entre todos los partidos políticos, el ochenta por ciento restante, se dividirá conforme a la votación obtenida por cada partido político en la última elección de Diputados por el principio de representación proporcional; una vez determinado se distribuye un cincuenta por ciento para el año de la elección, un veinte por ciento para el subsecuente y un treinta por ciento para el previo a la siguiente elección.

Como este año 2014 es subsecuente a la elección del año pasado, les corresponde un 20%. Consecuentemente, después de hechos todos los cálculos aritméticos, la distribución legal quedó en pesos de la siguiente manera: Partido Revolucionario Institucional (PRI), 22 millones 627 mil 387.80; Partido Acción Nacional (PAN), 17 millones 654 mil 588.76; Partido Sinaloense (PAS), 10 millones 823 mil 418.50; Partido Nueva Alianza (PNAL), 8 millones 910 mil 414.46; Partido de la Revolución Democrática (PRD), 6 millones 210 mil 469.64; Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 5 millones 125 mil 434.43; Partido del Trabajo (PT), 3 millones 863 mil 750.68; Partido Movimiento Ciudadano (MC.), 3 millones 637 mil 811.49. Esas cantidades dan un total de 78 millones 853 mil 275.77.

Es importante observar la antigüedad de cada partido político para examinar dichas prerrogativas y el orden en que figuran, hasta hoy, a partir de ellas. Así, nótese que el PRI fue fundado en 1929 (85 años), el PAN en 1939 (75 años), el PRD en 1989 (25 años), el PT en 1990 (23, cumplirá 24 años), el PVEM en 1986 (28 años), el PNAL en 2005 (9 años), y el PAS (1 año).

Este último, en tan poco tiempo de fundado, ya figura como tercera fuerza política-electoral, lográndolo en tan sólo 10 meses con 17 días de nacido, tomando en cuenta que se fundó el 14 de agosto de 2012, y su primera experiencia comicial se concretó el 1 de julio de 2013, al lograr 124 mil 276 votos, gracias a la confianza y el apoyo de igual número ciudadanos sinaloenses. Superamos con creces nuestro pronóstico -que muchos no creyeron- y éste generó todo tipo de comentarios. Ahora se nos pregunta con seriedad y respeto: ¿cómo el Partido Sinaloense hace tantas actividades de beneficio social, a lo largo y ancho de Sinaloa, si no contamos con los grandes recursos económicos que tienen otras instituciones políticas más añejas y consolidadas?… A ello respondemos que el secreto es muy simple: un ejército de militantes y voluntarios, al ser congruentes y cumplir en los hechos con los principios contemplados en nuestros documentos básicos, que tienen el propósito fundamental de trabajar por el pueblo de Sinaloa, especialmente por los que menos tienen. No obstante existen personas que no son capaces de creer, por consiguiente ponen sus intereses por delante, a pesar de que existen ciudadanos solidarios y desprendidos, para apoyar siempre a quien más lo necesita, aportando su trabajo voluntario los fines de semana, y que emprende causas con pocos recursos económicos, eso sí con enorme creatividad, y lo hace con un profundo sentido y compromiso humanista, al incorporarse de cuerpo y alma en alrededor 60 programas de atención ciudadana, tales como por ejemplo PASalud, PAScafé, Bicicleteadas, FestiPAS, Mascota PAS, Miércoles del Ayer de Adultos Mayores, Huertos Familiares, Asesoría Académica a Niños, entre otros, de cuyo impacto ya hemos dado cuenta en otras colaboraciones de esta misma columna. Sin embargo, se nos ataca injustamente a través terceras personas, que son utilizadas por los poderes fácticos que ven en riesgo sus intereses, dado el enorme avance que hemos logrado a gran velocidad. No nos dejaremos distraer, continuaremos trabajando con ahínco en favor de las mejores causas. Seguiremos en la ruta por la construcción del Nuevo Pacto Social por Sinaloa, que tanta falta hace para vivir en un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho, en el que todos cabemos en armonía y por igual.