(Por Héctor Melesio Cuén Ojeda)

La última reforma al artículo 3° de la Constitución Federal, estableció la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación básica y media superior que se imparte en México. Para lograrla, se previó en la misma norma constitucional un Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Encomienda esa tarea, en el ámbito de la competencia federal, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dotándolo de autonomía desde el texto mismo de la Ley Suprema de la Unión. De allí deriva el ordenamiento secundario que lo regula

En este se establecen las bases para el diseño y realización de las mediciones que correspondan a los componentes, procesos y resultados del referido sistema, así como para expedir los lineamientos y directrices para llevar a cabo dicha evaluación, que contribuyan a las decisiones de mejora en la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social, regido con apego a principios.

Se concibió a la evaluación como un instrumento elemental para contribuir, precisamente, a mejorar la calidad de la educación y orientar la formulación de políticas educativas bajo ese enfoque.

En los hechos, la evaluación educativa, por su naturaleza, debe ser considerada como una constante del sistema educativo, y ser vista como algo benéfico, ya que los procesos de evaluación permitirán acentuar las fortalezas y remediar las debilidades, tomando en cuenta los contextos sociales y culturales donde se efectué el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final de todo, los niños y jóvenes mexicanos serán los que sientan y vivan los beneficios.

En ella, la participación social y sindical resulta imprescindible, máxime que la educación se sustenta en el criterio democrático, considerando la norma constitucional a la democracia, no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Lo que conlleva a formar ciudadanía.

En la participación social se debe involucrar a los padres de familia. En la sindical, al gremio magisterial. Esto último implica tomar en cuenta al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De lo contrario, el proceso de evaluación educativa se tornaría autoritario.

Conforme a la ciencia de la administración y la enseñanza filosófica de los liderazgos, se advierte como muy sano y recomendable que se tome en cuenta a los involucrados en los procesos de gestión.

Bajo ese esquema de pensamiento técnico, científico y filosófico, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, formuló y presentó ante el Congreso Local, una iniciativa con proyecto de decreto de Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación de Sinaloa. En ella se prevé que la misma consistirá en la emisión de juicios de valor que resulten de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del sistema educativo estatal, con un referente previamente establecido, basada en métodos y técnicas científicas que garanticen la aplicación de principios tales como: independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. De esa manera, somos de la convicción, de que todo mundo trabajará en armonía. Claro, para ello será necesaria también la existencia de liderazgos democráticos. Eso esperamos y así lo anhelamos, porque los niños, jóvenes, padres de familia y maestros esperan que la evaluación educativa se traduzca en la calidad que tanto se pregonó para justificar la reforma al artículo 3° constitucional. Ojalá que el servicio profesional docente que teórica y jurídicamente se orienta también al logro de esa calidad, se lleve a cabo bajo esos principios, y no sea distorsionada por ímpetus o actitudes autoritarias. Apostémosle a la madurez de todas las partes, hagámoslo por el porvenir de esos niños y jóvenes.

Finalmente, resulta pertinente recordar que el tiempo apremia, puesto que la vacatio legis establecida por el Congreso de la Unión, vence el 11 de marzo de este año, para que las legislaturas de los estados adecuen y emitan los ordenamientos pertinentes, y uno se ellos tiene que ver, precisamente, con el tema de la evaluación educativa. Ahí está ya nuestra iniciativa. Ahora tenemos la palabra y la decisión, todos los diputados integrantes de la LXI Legislatura Local.