Por Juan Manuel Pineda

En los primeros días del periodo como rector de la UAS de Héctor Melesio Cuén Ojeda, afloró información de la administración que le antecedió sobre un jugoso negocio: las demandas laborales.

En este modus vivendi estaban involucrados algunos funcionarios, y un despacho de abogados especializados en asuntos laborales del que formaban parte universitarios adscritos a la facultad de derecho.

El modus operandi era tan sencillo como práctico: desde la administración central se recomendaba a trabajadores inconformes –el motivo era lo de menos- que demandarán a la UAS.

Cada caso era llevado por el despacho especializado y casi en automático resuelto en términos favorables para el trabajador, por la simple y sencilla razón de que los funcionarios de la administración central, sobre los que recaía la responsabilidad de este tipo de asuntos, deliberadamente no defendían las demandas ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje.

Así, el negocio era redondo, sin mayores complicaciones y todos contentos, muy contentos.

Uno de los que “ganó” una esas demandas laborales fue Marco Antonio Medrano, enquistado casi toda su vida laboral en diversas comisiones en el SUNTUAS Administrativos, quien obtuvo un laudo favorable por casi dos millones de pesos.

Marco Antonio Medrano, está estrechamente vinculado en asuntos político-sindicales con el grupo que integraba ese despacho de abogados laborales y con Aarón Quintero, también eterno dirigente del SUNTUAS Académicos, quien perdiera la elección para rector de la UAS precisamente ante Cuén Ojeda.

Durante la gestión de Cuén Ojeda al frente de la administración central de la UAS se acabó el jugoso negocio de las demandad laborales, toda vez que con Alfonso Carlos Ontiveros Salas al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos los asuntos recibieron puntual atención y seguimiento en los tribunales competentes y la institución dejó de erogar 40 millones de pesos, en promedio anual, por indemnizaciones.

Ese es uno de los motivos de los constantes señalamientos públicos, tratando de denigrar a Cuén Ojeda en su paso por la UAS, y ahora su trayectoria política.

Las y los emisores de los señalamientos están focalizados, y tienen una historia conjunta e individual que cada uno de sus dichos tiene un significado en la expresión coloquial: “escupir pa´arriba”.

En este contexto se insertan las revelaciones que hizo hace unos días Martín Velázquez Angulo, dirigente del Comité de Jubilados “Eustaquio Buelna”, en relación al actuar de extrabajadores contra el fideicomiso para la jubilación dinámica.

Señalamientos que dejan al descubierto otro jugoso negocio, particularmente para los abogados laborales involucrados en las demandas que un grupo de 380 jubilados de la UAS presentaron para suspender descuentos al fideicomiso para la jubilación dinámica y, consecuentemente, el regreso de lo aportado.

Derivado del fallo a su favor emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dirigente del Comité de Jubilados “Eustaquio Buelna”, Martín Velázquez Angulo, reveló que Jorge Delgado, quien lidera a la Asociación de Jubilados de la UAS, y los abogadores que llevaron los asuntos de los 380 ex trabajadores favorecidos por el fallo de la Corte, asumen que el fideicomiso representa un “filón de oro”.

Aunque a la fecha la autoridad competente (JECyA) no ha definido el monto de los recursos que se regresarán del fideicomiso a los 380 jubilados, Velázquez Angulo señaló que el 40% del monto será para los abogados que llevaron los asuntos.

¿Quiénes son los abogados?: Martín Juárez Ibarra y Jorge del Ángel Gerardo, éste jubilado de la UAS y en su momento asesor del SUNTUAS Académicos, en el periodo de Aarón Quintero como secretario general.

A raíz del fallo de la SCJN, los abogados y la dirigencia de la Asociación de Jubilados de la UAS vieron una ventana de oportunidad de hacer un gran negocio con el fideicomiso para la jubilación dinámica, y Martín Velázquez puso al descubierto la estrategia: “son enganchadores”.

El nuevo modus operandi es “enganchar” a otros jubilados para que demanden la suspensión de sus aportaciones y el regreso de los recursos han aportado al fideicomiso.

“Trabajan como enganchadores. Visitan a la gente en sus casas para convencerlos. Hay enganchadores en todo el estado. Piden que demanden al fideicomiso. El negocio es para los abogados y los enganchadores. Los que se ponen en riesgo son los jubilados. El riesgo es que se pierda la jubilación dinámica”, sostuvo el dirigente de la Asociación de Jubilados “Eustaquio Buelna”.